Empleados municipales señalan que decisiones sensibles y contratos pasan por un reducido círculo instalado junto a la Presidencia; mientras Agustín Lara Souza sí aparece formalmente en el Ayuntamiento y su familia ha recibido contratos millonarios, Luis Humberto Torres Iruegas mantiene una presencia mucho más discreta pese a que prensa nacional le atribuye una fuerte influencia administrativa.
Tulum, Quintana Roo.— En el gobierno de Diego Castañón Trejo hay dos nombres que aparecen constantemente cuando se pregunta quiénes tienen acceso al núcleo de las decisiones municipales: Agustín Armando Lara Souza, “Tacón”, y Luis Humberto Torres Iruegas.
Sus situaciones son distintas.
Lara Souza sí tiene cargo público reconocido. El directorio vigente del Ayuntamiento lo identifica como secretario privado del presidente municipal, con oficina y teléfono de Presidencia.
Torres Iruegas, en cambio, representa un caso mucho menos transparente. El Sol de México lo identificó como asesor particular de Diego Castañón y publicó que actores locales le atribuyen una “influencia decisiva” en la operación municipal y en asuntos financieros. El periódico también recogió versiones según las cuales algunos nombramientos en áreas como Ingresos y Egresos habrían respondido a instrucciones de Torres y del entonces tesorero Vicente Francisco Aldape Moncada. Se trata de señalamientos atribuidos por ese medio a fuentes locales, no de una resolución administrativa o judicial.
Pero trabajadores del propio Ayuntamiento consultados por El Punto Sobre la i van más lejos.
De acuerdo con sus testimonios, Torres Iruegas trabaja dentro del núcleo inmediato de Presidencia Municipal y tendría una oficina contigua o muy próxima a la del propio Diego Castañón. Las fuentes aseguran que por sus manos pasan asuntos sensibles de la administración y sostienen que participa en la revisión interna de contratos antes de que éstos continúen su procedimiento formal.
El Punto Sobre la i no ha localizado hasta ahora un documento público que otorgue a Torres Iruegas facultades legales para autorizar contratos municipales, por lo que esos señalamientos permanecen como testimonios de fuentes internas que requieren mayor corroboración.
Y precisamente ahí surge la pregunta central:
¿Cómo puede un asesor al que se atribuye semejante influencia administrativa tener una huella pública tan reducida?
“Tacón”: aquí sí aparecen contratos alrededor de la familia
El caso de Agustín Armando Lara Souza es diferente porque alrededor de él ya existen contratos documentados.
Una investigación publicada en 2026, basada en documentos oficiales de obra pública, encontró que durante la administración de Diego Castañón fueron adjudicados siete contratos por 24 millones 551 mil 722 pesos a la esposa y al suegro de Lara Souza.
Según esa investigación, Yosenlai Alpuche Campos, identificada como esposa de Lara Souza, obtuvo tres contratos por aproximadamente 9.1 millones de pesos.
Por su parte, ALNO Construcciones, S.A. de C.V., vinculada a su suegro Efraín Alpuche Marrufo, recibió cuatro obras por aproximadamente 15.3 millones de pesos.
Entre las obras reportadas se encuentran el Centro de Salud de Macario Gómez, un arcotecho en Akumal, pavimentación en Sahcab Mucuy y otras obras ejecutadas por ALNO. Parte de los recursos correspondieron al FAISMUN, fondo federal destinado a infraestructura social.
La existencia de esos contratos no demuestra por sí misma que Lara Souza haya intervenido en su adjudicación. Para acreditar un conflicto de interés o una intervención indebida sería necesario demostrar que participó directa o indirectamente en las decisiones correspondientes, que tenía obligación de excusarse o que utilizó su posición para influir en ellas.
Pero políticamente deja una pregunta difícil de ignorar:
¿Qué intervención, si alguna, tuvo el secretario privado del alcalde en procedimientos municipales que terminaron beneficiando económicamente a integrantes de su propia familia?
Dos hombres, dos formas distintas de poder
La fotografía que comienza a surgir dentro de Presidencia resulta peculiar.
Por un lado está “Tacón”, funcionario reconocido oficialmente, situado directamente al lado del alcalde y con contratos millonarios documentados alrededor de familiares.
Por el otro aparece Luis Humberto Torres Iruegas, a quien El Sol de México identifica como asesor particular y al que fuentes municipales consultadas por este medio atribuyen participación en la revisión y conducción interna de asuntos relevantes.
No es la primera vez que otros medios atribuyen un poder extraordinario a Lara Souza. En 2025, Cambio 22 llegó a describirlo como “el poder tras el trono” y afirmó que tendría una participación amplia en la administración municipal. Son afirmaciones de ese medio que tampoco equivalen por sí mismas a hechos judicialmente acreditados.
En octubre de 2023 ocurrió además otro episodio público. El exgobernador Mario Villanueva Madrid acusó a Lara Souza de haberlo contactado después de sus críticas al gobierno de Tulum y de plantearle que hiciera una propuesta económica. Villanueva interpretó aquel acercamiento como un intento de comprar su silencio. La acusación fue pública, pero no constituye por sí sola una determinación de autoridad contra Lara Souza.
¿Quién manda realmente?
El problema de fondo ya no es solamente quién aparece en el organigrama.
Es establecer quién toma las decisiones antes de que los documentos lleguen a quienes formalmente tienen facultades para firmarlos.
Un Ayuntamiento puede tener tesorero, oficial mayor, directores, comités de adquisiciones y procedimientos establecidos por ley. Pero si existe paralelamente un círculo que revisa, modifica, aprueba o frena decisiones antes de que éstas recorran el procedimiento institucional, entonces resulta indispensable conocer quiénes lo integran y con qué atribuciones actúan.
Por eso Diego Castañón tiene varias preguntas pendientes:
¿Cuál es exactamente la función de Luis Humberto Torres Iruegas? ¿Desde cuándo trabaja en Presidencia? ¿Quién paga sus servicios? ¿Cuál es su remuneración? ¿Tiene facultades para revisar contratos? ¿Qué documentos llegan a su oficina? ¿Puede detener o permitir una contratación?
Y respecto de Lara Souza:
¿Participó de alguna manera en los procedimientos que terminaron otorgando más de 24.5 millones de pesos en contratos a su esposa y a una empresa vinculada con su suegro? ¿Presentó alguna declaración de posible conflicto de interés? ¿Se excusó de intervenir en esos asuntos?
Son preguntas que pueden responderse con documentos.
El poder que no necesariamente firma
En cualquier administración pública, las firmas permiten identificar responsabilidades.
Pero el verdadero poder no siempre queda plasmado al final de una hoja.
Los testimonios obtenidos por El Punto Sobre la i describen precisamente esa posibilidad dentro del Ayuntamiento de Tulum: decisiones que formalmente toman determinados funcionarios, pero que previamente pasarían por un reducido círculo alrededor del despacho presidencial.
Hasta ahora, la participación específica de Torres Iruegas en contratos no está acreditada documentalmente. En el caso de Lara Souza, sí está acreditado su cargo y existen contratos municipales otorgados a personas de su entorno familiar, pero falta demostrar si intervino en ellos.
Esa diferencia es fundamental.
Porque la investigación no debe consistir en afirmar quién “mueve los hilos” sin demostrarlo.
Debe responder algo mucho más concreto:
¿Quién decide realmente qué contratos avanzan en el Ayuntamiento de Tulum antes de que aparezca la firma oficial?
Y, sobre todo:
¿Diego Castañón gobierna únicamente con los funcionarios que aparecen en el directorio municipal o existe un segundo nivel de poder alrededor de su despacho?
Ahí está una de las historias que todavía falta contar dentro del gobierno de Tulum.
