En abril pasado, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo recibió las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2024.
Antes, en febrero, entregó al Congreso local el informe general de las auditorías realizadas sobre el gasto de 2023, así como el programa de revisiones para este 2025, que contemplaba originalmente 258 auditorías.
Sin embargo, recientemente, el auditor Miguel Zogby Cheluja modificó ese plan. Canceló 25 auditorías relacionadas con recursos federales, bajo el argumento de que no se ha firmado el convenio correspondiente con la Auditoría Superior de la Federación.
A cambio, incorporó 16 nuevas revisiones. Hasta ahí, podría parecer un simple ajuste técnico.
Pero llama la atención que tres de esas nuevas auditorías están dirigidas a recursos del 2023, cuya cuenta pública fue revisada el año pasado, aunque en su mayoría bajo la administración del exauditor Manuel Palacios.
¿Qué busca realmente el nuevo Auditor?
¿Se trata de una búsqueda genuina de irregularidades no detectadas o de un intento por desmarcarse del trabajo del auditor anterior? ¿O estamos ante una selección estratégica con tintes políticos?
Las dependencias y gobiernos seleccionados no son menores. Destaca, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar.
La Auditoría quiere verificar el manejo de los “Incentivos derivados de la colaboración fiscal 2023”.
También figura la Secretaría de Turismo, aún liderada por Bernardo Cueto Riestra, funcionario heredado de la administración de Carlos Joaquín González, donde se pretende revisar el uso de las “Participaciones de Gasolina y Diésel 2023”.
Otro caso es Benito Juárez, donde se revisarán los recursos recaudados y ejercidos a través DSA 2023.
El reto del Auditor será demostrar que no se trata de una cacería dirigida, sino de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Y para eso, no basta con auditar: hay que explicar, sustentar y transparentar cada decisión.
