En primera fila
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La recriminación de la escritora Lydia Cacho al gobierno de Carlos Joaquín González resultaba contundente: “Sostuvo, tiene a personas que se han enriquecido a lo largo de los últimos 30 años con su cercanía al poder”.
Entrevistada por Carmen Aristegui en torno a los ex gobernadores de Quintana Roo, se refería a otro de los funcionarios más controvertidos de la administración pública, el todavía titular del Poder Judicial, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, sobre quien dijo que se ha enriquecido “de forma brutal”
-Él mismo se apropió o expropió predios ejidales, los puso a su nombre o de sus hijos. No hay absolutamente nada de transparencia, afirmó.
Lydia Cacho habló sobre las investigaciones contra el ex gobernador Roberto Borge y el hilo que siguió ella misma para llegar a investigar al Poder Judicial del Estado, refiere la entrevista publicada ayer en la página de Carmen Aristegui.
Y es que, aunque razón le sobra para cuestionar al aún presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo cierto es que también habría que hacerlo con los propios “colaboradores” de Carlos Joaquín, que han incrustado y empoderado a funcionarios de administraciones anteriores que afectan la adecuada marcha del equipo.
Nos referimos al “vicegobernador” Francisco López Mena, el panista titular de la Secretaría de Gobierno, de quien depende políticamente la otrora Procuraduría de Justicia del Estado, hoy llamada Fiscalía General que, hasta donde sabemos, opera con la misma Ley Orgánica de la primera y que, al menos en teoría, “es un órgano único, indivisible y jerárquico en su organización, que goza de autonomía técnica y de gestión”.
Pues bien, el caso es que el Fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, también está políticamente imposibilitado a actuar libre, “autónomamente”, y menos aún, ya se imaginará Usted, en tratándose de casos que, además de ser netamente legales, atañen directamente al ámbito político, como es el tema de Roberto Borge.
En buena medida, de ahí podemos explicarnos que la Fiscalía opere para que permanezcan estancadas las denuncias del ámbito del fuero común que supuestamente interpuso el gobierno de Carlos Joaquín, ya que, contra todo sentido común, están siendo frenadas o “estructuradas” a conveniencia desde la Secretaría de Gobierno.
Y asómbrese Usted, ¿Sabe a cargo de quién estaría esa operación? ¡Del ex procurador de Justicia, el yucateco Carlos Humberto Pereyra Vázquez, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de López Mena desde el 5 de octubre de 2016!
El funcionario fungió como Abogado del Estado durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz y, entre otros, le correspondió enfrentar, pero nunca resolver, el sonado caso del asesinato de la joven estudiante Mayra Ayuso, en Cozumel, en el que estuvo vinculado el ex gobernador Félix González, pero del que dos jóvenes fueron detenidos como “chivos expiatorios”’ y después liberados por falta de pruebas.
Para arribar a la Procuraduría de Justicia por cerca de dos años, Pereyra Vázquez -le sucedió Celia Pérez Gordillo- fungió como coordinador de asesores del entonces gobernador y ex titular de esa dependencia, aunque al término del sexenio recibió como compensación una de las 12 Notarías que liberó aquél, al igual que Adrián Samos Medina, Enna Rosa Valencia y Naím Díaz, entre otras cuestionadas.
Durante su paso como Procurador de Justicia, Pereyra Vázquez también fracasó en sus investigaciones contra el entonces prófugo ex gobernador Mario Villanueva Madrid, aunque explicaría que, oficialmente, no había procedido contra el ex gobernador “porque no le pidió apoyo la PGR”.
Lo curioso de la injerencia de Pereyra Vázquez en la Fiscalía, es que, al menos en el organigrama de la Secretaría de Gobierno, sólo dependen de su área de competencia las direcciones generales de Notarías (¡Ahhh!) y del Registro Civil, y la Unidad de Servicios “Especiales” de Vigilancia, así como el Periódico Oficial.
Asimismo, tiene a su cargo los departamentos Jurídico, Administrativo, Archivo e Informática.
Sin embargo, la rebanada mayor del “pastel” es la Fiscalía, ya que López Mena jamás se distinguió precisamente por el litigio, del que su colaborador y amigo es “chucha cuerera”, aunque también los liga una confianza de años, ya que el yucateco fue su suplente en la Notaría Pública número 7 de Cancún.
Los últimos suplentes de los que se tuvo conocimiento fueron la yucateca María Elí López Reyes (2004) y Mario E. González Campos, suponemos que después que Pereyra Vázquez recibió su propia Notaría, la número 42, en Playa del Carmen, donde tiene como auxiliar a George Jacobo López Karam.
Aunque en este caso habría que preguntarse por qué las agrupaciones de Notarios no han elevado la voz al cielo para protestar que sus supuestos “homólogos” estén desempeñando tareas diferentes a las que les encomendó en su momento el Jefe del Ejecutivo, también habría que preguntarse si el ex funcionario de un gobierno del PRI desprotegería a un correligionario, o bien se transformó en panista de la noche a la mañana.
Por lo pronto, mientras son peras o manzanas las “investigaciones” contra Roberto Borge siguen sin caminar y, lo que es “peor”, ya no pueden echarle la culpa a la PGR que, al menos en apariencia, está cumpliendo con la parte que le corresponde en el ámbito federal, pero ¿y los delitos del fuero común ‘apá?
Así las cosas, seguimos pensando que el supuesto cobijo del PAN a la candidatura de Carlos Joaquín le resultó de suyo más perjudicial como gobernante, o bien el verdadero problema no es precisamente el PAN, sino el propio López Mena.
Lo más curioso de todo es que todo hace suponer que quienes se atreven a denunciar públicamente las irregularidades son los verdaderos responsables de las críticas a este interminable impasse e, inclusive, ahora se pretenda proceder legalmente contra ellos, como es el caso del empresario Carlos Mimenza Álvarez…aunque Usted no lo crea.
PD: Una disculpa por aplicar el término “impasse”, único que, tras seis meses, sentimos aplicable al caso de Quintana Roo: “Situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución”.
*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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