TULUM, Quintana Roo.— El presidente municipal Diego Castañón Trejo ordenó la destitución inmediata de Óscar Alberto Tapia Gómez, quien se desempeñaba como director de la Policía Ejecutiva, luego de las denuncias y videos difundidos sobre presuntos abusos cometidos durante un operativo en la zona costera de Tulum.
La decisión ocurrió tras la inconformidad generada entre pescadores y trabajadores de la costa, quienes acusaron a elementos policiacos de instalar retenes presuntamente ilegales y actuar de forma agresiva durante revisiones realizadas la noche del miércoles.
Los afectados denunciaron amenazas, intimidaciones y presuntas agresiones físicas mientras regresaban de sus jornadas laborales, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales mediante videos grabados por ciudadanos.
“En nuestro gobierno, la policía está estrictamente para cuidar y respetar a nuestra gente, no para hostigarla”, expresó Diego Castañón Trejo en un posicionamiento público acompañado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Edgar Aguilar Rico.
El alcalde también pidió a la ciudadanía continuar documentando y denunciando cualquier abuso o mala práctica cometida por elementos policiacos.
Por su parte, Edgar Aguilar Rico reconoció irregularidades en la actuación del operativo y confirmó que el caso será investigado por Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia.
El funcionario explicó que el retén formaba parte de los llamados “filtros preventivos itinerantes” implementados diariamente como estrategia de vigilancia, aunque admitió que la actuación del entonces director de la Policía Ejecutiva “no fue la correcta”.
Asimismo, señaló que las cámaras oficiales instaladas en el punto de revisión permitirán esclarecer lo ocurrido y reiteró que los ciudadanos tienen derecho a grabar los operativos policiales.
El caso volvió a encender críticas ciudadanas sobre la actuación de algunos elementos policiacos en la zona costera de Tulum, particularmente por denuncias recurrentes relacionadas con retenes, revisiones y presuntos abusos contra trabajadores y habitantes del municipio.
