La deuda pública municipal en Quintana Roo sigue comprometiendo gravemente las finanzas locales.
El abuso y la opacidad en su contratación durante años no solo colocaron a algunos municipios entre los más endeudados del país, sino que su satanización condena a otros a postergar la atención de necesidades derivadas de su acelerado crecimiento urbano.
Desde el fin de la era borgista ningún municipio ha recurrido a nuevos financiamientos, pero los ayuntamientos continúan arrastrando una deuda pública que ronda los 1,900 millones de pesos, lo cual limita su capacidad operativa y de inversión.
El reciente informe sobre la situación de la deuda pública municipal exhibe cómo el endeudamiento mantiene comprometidas las participaciones federales de varios municipios a niveles alarmantes.
Uno de los casos más graves es el de Othón P. Blanco, gobernado por Yensunni Martínez.
De septiembre de 2021 a marzo de 2025 pagó 128.8 millones de pesos, logrando una disminución del 37.5%, pero lo cierto es que el municipio cerró el primer trimestre de 2025 con el 78.2% de sus participaciones comprometidas, superado solo por Ensenada, Baja California (82.2%).
La situación en otros municipios no es menos preocupante.
Cozumel, por ejemplo, tiene el 53% de sus participaciones afectadas y apenas ha reducido su deuda en un 1.4% en el mismo período, con un pago total de solo 6.2 millones de pesos en más de tres años.
Playa del Carmen y Benito Juárez también arrastran las deudas del pasado. El primero ha logrado una reducción del 27.4%, mientras que el segundo, del 12%.
A pesar de los esfuerzos aislados de algunas administraciones, los excesos del pasado seguirán condicionando el presente y el futuro de los gobiernos locales, pero lo más grave es que los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias con servicios públicos, infraestructura y seguridad cada vez más deficientes.
