Productores de ambas comunidades de Bacalar denunciaron directamente a El Punto Sobre la i que elementos identificados como integrantes de la Guardia Nacional y personal del IMOVEQROO presuntamente les exigen entre 3 mil y 5 mil pesos por vehículo. Cada semana salen aproximadamente 20 camiones hacia los mercados del norte de Quintana Roo.
Bacalar, Quintana Roo.— Transportar productos agrícolas desde las comunidades de Mayabalam y Kuchumatán hacia Cancún y otros mercados del norte de Quintana Roo se habría convertido en una actividad sometida a presuntos cobros ilegales que podrían representar decenas de miles de pesos cada semana.
Habitantes de ambas comunidades denunciaron directamente ante El Punto Sobre la i que elementos identificados como integrantes de la Guardia Nacional y personal del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) presuntamente exigen cuotas de entre 3 mil y 5 mil pesos por vehículo para permitir el traslado de sus mercancías.
De acuerdo con los testimonios recabados por este medio, entre Mayabalam y Kuchumatán salen aproximadamente 20 camiones cada semana para comercializar productos agrícolas en los mercados de Cancún y otras localidades de la zona norte.
Si cada una de esas unidades fuera obligada a pagar las cantidades denunciadas en cada viaje, los cobros podrían alcanzar entre 60 mil y 100 mil pesos semanales.
Esta estimación permite dimensionar el posible impacto económico, aunque todavía no se ha acreditado que todos los vehículos paguen esas cantidades ni con qué frecuencia se realizan los presuntos cobros.
Denuncian códigos y cuotas asignadas a los camiones
Los habitantes aseguran que las exigencias económicas no serían hechos aislados.
Según sus testimonios, a los vehículos que transportan productos agrícolas se les asignarían códigos de identificación y cuotas específicas para permitirles continuar circulando.
Los productores afirman que, cuando se niegan a entregar el dinero, son amenazados con enviar sus camiones al corralón.
La denuncia sobre la existencia de códigos es particularmente delicada, pues, de comprobarse, podría indicar un mecanismo sistemático de cobros indebidos contra transportistas de ambas comunidades.
Hasta ahora no se ha establecido quién asignaría esas identificaciones, cómo se comunican a los conductores ni quién recibiría el dinero.
Hasta 5.2 millones de pesos al año, si los cobros fueran constantes
Tomando como referencia los 20 camiones que, según los habitantes, salen semanalmente de ambas comunidades, y las cuotas denunciadas de 3 mil a 5 mil pesos por unidad, el posible monto alcanzaría entre 60 mil y 100 mil pesos cada semana.
Si esa situación se repitiera durante las 52 semanas del año y todos los camiones pagaran en cada viaje, el desembolso acumulado podría situarse entre 3 millones 120 mil y 5 millones 200 mil pesos anuales.
No se trata de dinero cuya entrega esté comprobada, sino de una proyección matemática basada en los testimonios. Su utilidad es mostrar la dimensión que podrían alcanzar los presuntos cobros si se confirma que son generalizados y recurrentes.
Productores trabajan para sostener a sus familias
Para los habitantes de Mayabalam y Kuchumatán, trasladar sus cosechas hacia los mercados del norte representa una actividad económica de la que dependen numerosas familias.
A los gastos de combustible, mantenimiento de vehículos, carga y transporte se sumarían las cuotas denunciadas, reduciendo las ganancias obtenidas por la venta de sus productos.
Además, las amenazas de enviar los camiones al corralón representarían un riesgo adicional para quienes transportan mercancías que necesitan comercializarse oportunamente.
Exigen investigar a los elementos señalados
Los testimonios recabados por El Punto Sobre la i ameritan que la Guardia Nacional y el IMOVEQROO revisen las actuaciones de su personal en los tramos carreteros utilizados por los transportistas de ambas comunidades.
También resulta necesario esclarecer si existen registros de infracciones, retenciones de unidades o denuncias administrativas relacionadas con estos hechos.
Los señalamientos constituyen testimonios directos de habitantes de Mayabalam y Kuchumatán. Hasta el momento, no se cuenta con una resolución oficial que acredite las conductas denunciadas ni se ha incorporado la respuesta de las instituciones señaladas.
La denuncia plantea una pregunta de fondo: quién estaría cobrando entre 3 mil y 5 mil pesos por camión a productores que solamente buscan llevar sus mercancías a los mercados de Quintana Roo, y por qué aseguran que sus vehículos tienen códigos y cuotas asignadas.
La respuesta corresponde a las autoridades, pero el reclamo nace de comunidades que aseguran estar pagando un costo adicional por el simple hecho de trabajar.
