No importa cuántas veces lo repitan: no es una concesión nueva, no la otorgó el gobierno, fue una cesión “legal”. Todo eso puede ser cierto y, aun así, seguir estando mal.
El fondo del escándalo en José María Morelos no es administrativo, es político y ético. Un presidente municipal en funciones no debería ser concesionario de un servicio público dentro del mismo municipio que gobierna. Punto. Lo demás es retórica para distraer.
Pretender que el alcalde es “un ciudadano más” cuando compra o recibe una concesión de transporte es tomar a la gente por ingenua. No lo es. El alcalde regula, decide, influye, negocia y marca la agenda del municipio.
Jugar como empresario en un sector que debe arbitrar con imparcialidad es un conflicto de interés, aunque lo adornen con actas, asambleas y sellos sindicales.
El argumento del sindicato —que había concesiones “dormidas”, que faltaba inversión, que cualquiera podía comprar— no exime al presidente municipal de responsabilidad política. Al contrario: la agrava. Si el transporte estaba abandonado, su deber era corregirlo desde el gobierno, no sacar provecho personal del problema.
Aquí no se discute si el trámite fue legal. Se discute algo más grave: la normalización del abuso del poder. El mensaje es devastador para la confianza ciudadana:
Gobernar y beneficiarse del mismo sistema no solo es posible, sino aceptable.
Y no, no basta con que el sindicato “aclare”. Quien debe dar la cara es el alcalde. Explicar por qué considera correcto tener una concesión. Decir si se excusará de decisiones relacionadas con transporte. Transparentar documentos. O asumir que, en política, la ética también gobierna.
Cuando el alcalde se convierte en concesionario, el árbitro se pone la camiseta de un equipo. Y cuando eso ocurre, el partido ya está arreglado.
La ciudadanía no pidió explicaciones técnicas. Pidió decencia pública. Y hasta ahora, eso sigue sin aparecer.
