Ocho años de cárcel para el exmandatario
El expresidente peruano enfrenta la quinta condena en su contra, está vez por la compra de medios sensacionalistas para favorecer la campaña a su segunda reelección en 2000.
“Injusta es la sentencia”, escribió el expresidente peruano Alberto Fujimori en un papel, antes de que los jueces de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima finalizaran la lectura del fallo de un caso en su contra, conocido como el de la “prensa chicha”. Al final, Fujimori fue condenado a ocho años de prisión, a tres años de inhabilitación y al pago de tres millones de soles (un millón de dólares) por concepto de reparación civil a favor del Estado.
La prensa chicha, así se conoce en Perú a la prensa sensacionalista o amarillista, acompañó el oscuro proceso electoral que atravesó este país en el año 2000, cuando Alberto Fujimori alcanzó su segunda reelección. Para entonces, esos diarios dirigidos a los sectores populares fueron utilizados como herramienta política para favorecer la reelección del expresidente. Este jueves, quince años después, Fujimori fue condenado por el delito de peculado, por desviar fondos de las Fuerzas Armadas para comprar la línea de varios de esos medios de prensa escrita.
Dos años después de su segunda reelección, cuando la corrupción sobrepasaba los límites, Fujimori tuvo que renunciar. Aprovechó una gira en el exterior para refugiarse en Japón y enviar su dimisión vía fax. En 2006 apareció sorpresivamente en Chile, donde fue detenido y extraditado un año después hacia Perú. El de la prensa chicha es una extensión de los dos delitos de violaciones de los derechos humanos y cinco de corrupción por los que la Corte Suprema chilena aceptó extraditarlo. Es, además, el último proceso de este emblemático caso en materia de derechos humanos en el continente.
La pena emitida este jueves por la justicia peruana después de un año, dos meses y 20 días de audiencias, se suma a una más larga que ya cumple el expresidente desde 2009, de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad relacionados con las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas murieron a manos de un grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Esa famosa condena también fue ratificada este jueves por el Tribunal Constitucional de Perú, frente a un recurso de reposición con el que Fujimori buscaba mantener viva una solicitud de anulación de la condena por falta de pruebas.
Los medios chicha implicados respaldaron la reelección y realizaron campañas para desacreditar a opositores como Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio y Alejandro Toledo. Como el régimen de Fujimori controlaba el poder judicial, la impunidad estaba garantizada para los periodistas pagos. Así, circularon diarios de bajo precio como “El Mañanero” (1992), “El Chino” (1995), “La Chuchi” (1996), “La Reforma” (1997, “El Tío” (1998), “El Chato” (1998), “La Yuca” (2000), entre otros, todos patrocinados por el gobierno. Además, el régimen fujimorista compró por US$30 mil el diario de oposición Referéndum y por dos millones de dólares la línea editorial de Cable Canal Noticias. Por la compra de este último, Fujimori ya fue condenado a seis años de prisión.
Años después de que los medios chicha favorecieran al exmandatario, la Justicia recuperó su independencia y fue posible llevar a los Tribunales a los acusados por corrupción. En 2005, el Poder Judicial condenó a 29 personas por el desvío de fondos, entre ellas el exasesor del presidente, Vladimiro Montesinos, los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva y diversos publicistas, dueños y directores de los diarios chicha, por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.
El pasado 29 de noviembre, el expresidente se declaró totalmente inocente. Afirmó que los usos indebidos de dinero se dieron fuera de su control y de su conocimiento. Este jueves, durante la lectura de su sentencia, el expresidente escribió en dos hojas de papel, con letra lo suficientemente grande para que las cámaras puedan captarlo, un mensaje en el que insistía: «Gastos reservados se destinaron a la pacificación. Los desvíos de fondos a Diarios Chichas no fueron de mi autoría». Luego agregó que con los gastos reservados se hicieron pistas, postas médicas para zonas violentas, y pequeños programas sociales para atender a las poblaciones infiltradas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
No obstante, durante el proceso múltiples testigos hablaron de su responsabilidad directa en la compra de medios sensacionalistas. Entre estos la exsecretaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y excolaboradora personal de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, quien en una audiencia afirmó que administró «el dinero que la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Marina, el Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior daban para la campaña de reelección de Fujimori, para pagar a los diferentes medios de comunicación».
Según Pinchi Pinchi, por encargo de Montesinos ella se encargaba de hacer los pagos a los publicistas y a los periodistas que intervenían en la campaña reeleccionista. Dijo que hizo esa labor desde noviembre de 1999 hasta setiembre del 2000, cuando Montesinos se fugó a Panamá. También reveló que se pagaba cinco mil dólares por cada titular de los diarios chicha y que los directores de esos medios iban a cobrar quincenal o mensualmente.
Además de este y otros testimonios, en otra audiencia judicial el perito contable Óscar Aguilar confirmó el desvío de más de US$17 millones de la FAP al Servicio de Inteligencia Nacional con el objetivo de financiar la campaña de re reelección del ex presidente Alberto Fujimori.
La sentencia, pues, estaba cantada. Sin embargo al final de la lectura del fallo, como era de esperarse, el exmandatario apeló la decisión de la sala.
