Chetumal.-El tráfico y despojo de terrenos ejidales y particulares, desde hace unos 30 años es un negocio jugoso, en el que, los gobiernos y funcionarios en turno, se llevan grandes tajadas, a través de intrincadas redes legaloides que dejan en la calle a campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios.
Este es el caso de los señores Damián Canché Pool y María Luisa Loría Cano, propietarios del predio “El Caracol” quienes, por su inocencia cayeron en las garras de uno de los operadores del gobernador Carlos Joaquín, convertido hoy en flamante Coordinador del Gabinete del gobierno de Quintana Roo, Juan Carlos Pereyra Escudero.
El ex diputado local, quien, como hemos dado cuenta aquí, arrastra varias acusaciones de abuso de poder y corrupción.
Lo mismo que su jefe, Carlos Joaquín quien fue acusado de despojar de su predio a través de sus familiares directos a un anciano de 72 años, Antonio Manrique; Juan Carlos Pereyra Escudero, siguiendo su ejemplo, intenta arrebatarle una extensión de 50 hectáreas a Damián Canché Pool y María Luisa Loria de 83 años, quien ya denunció ante las autoridades al “funcionario público”.
La pareja de ancianos que cayó en las garras del mafioso metido a político con la intención de regularizar el predio, entregó y firmó documentos con desconocimiento, a quien hoy se ostenta como su apoderado legal, Héctor Salazar Montoro, incondicional de Pereyra Escudero.
Mientras el funcionario invadía el predio “El Caracol”, Salazar Montoro, y dos compinches, el notario Ramón Rolando Heredia Ruiz, y Antonio Lizárraga Cervera, representante de la empresa Operadora Cair S.A. de C.V., desfalcaron a otra pareja de incautos, E.E.Z y otra persona identificada por sus iniciales como J.A.G, con 13 millones de pesos, según los expedientes AP/ZN/CAN/01/89/02/1341/9-2015, la AP ZN/PYA/01/01/3651/10/15 y el recurso S.C.P./P/95/2018.
Sin embargo, pese a que los tres fueron demandados por despojo por E.E.Z y JAG, Juan Carlos Pereyra, utilizando el poder del Estado, ha mantenido congelados los expedientes en la Fiscalía General del Estado a cargo de Oscar Montes de Oca.
Para mandar al archivero el expediente ZN/PYA/01/01/3651/10/15, Juan Carlos Pereyra hizo aparecer un supuesto título de propiedad en manos de quien dijo llamarse DANIELA ABIGAIL FARFAN CORDOVA, con el cual, sin más trámite, se decretó el no ejercicio de la acción penal del expediente.
Paralelamente, Juan Carlos Pereyra, frenó también la denuncia de la señora María Luisa Loría Cano, en su contra para evitar perder los terrenos del Caracol, que actualmente mantiene ocupados, por los cuales, su hermano Jorge Julián Pereyra Escudero ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno Federal la titulación de los mismos.
En la averiguación previa por el despojo, el entonces diputado Juan Carlos Pereyra Escudero compareció como denunciado y su abogado defensor fue su hermano y notario público Jorge Julián. En su comparecencia, el exdiputado manifestó ser ajeno totalmente a los hechos.
Pero llama poderosamente la atención, que si existe un título de propiedad supuestamente a favor de Daniela Abigail Farfán Córdova, esto permitiría que ella tuviera la libre disposición de la propiedad del terreno El Caracol; sin embargo, este no sólo está en poder de Juan Carlos Pereyra, sino que, ya se presentaron dos solicitudes de regularización ante la delegación estatal de la SEDATU para que se le pueda vender el terreno nacional El Caracol.
Actualmente, pese a todas las evidencias, Juan Carlos Pereyra ha logrado que ni Héctor Salazar Montoro, ni Antonio Lizárraga Cervera, ni el notario 6, Ramón Rolando Heredia Ruiz, pisen la cárcel.
La lentitud de los ministerios públicos ha sido el denominador común en la integración de los expedientes, en tanto, la mafia agraria del gobierno en turno, nuevamente deja en la calle a una indefensa familia campesina, a don Damián Canché Pool y doña María Luisa Loría.
