El reportero Miguel Arzate Ramírez, habitual de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras una queja del PRD, tiene un contrato por honorarios con el gobierno federal y el contrato fue suscrito por el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, el ex reportero de Proceso, Jenaro Villamil.
El diario Reforma dio a conocer este viernes que “el periodista que preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la alianza opositora y de quien el INE requirió saber si recibió algún pago, sí tiene un contrato por honorarios en el gobierno federal” y gana 16 mil 80.5 pesos quincenales.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia consultada por ese diario, Arzate es “responsable de la mesa de redacción del Canal 14, el cual pertenece al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y su área está adscrita a la dirección”. Es decir, que Arzate es subordinado directo de Jenaro Villamil.
El miércoles 13 de enero, el INE solicitó al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que informara si algunos periodistas presentes en las mañaneras reciben pagos o prestaciones por parte de la Presidencia de la República. En específico, el INE aludió a la conferencia del 23 de diciembre pasado en la que Arzate le interrogó sobre su opinión la alianza entre algunos partidos de oposición rumbo a las elecciones de este año.
“Indique si Presidencia de la República les realizó algún pago o prestación a la o el periodista que participaron y efectuaron las preguntas al presidente de la República en la conferencia de prensa”, dice la solicitud.
El SPR es una dependencia del gobierno de la República y como tal se ostenta y habla a nombre del mismo.
Ante estos cuestionamientos, Ramírez Cuevas respondió el 14 de enero que “hasta la pregunta ofende” a los periodistas y negó categóricamente, por medio de su cuenta en Twitter, que los asistentes a las mañaneras reciban pago.
Entre los asistentes a las conferencias mañaneras han destacado, desde el primer día, un grupo de asistentes provenientes de “medios alternativos” (como los llama el gobierno) que siempre realizan preguntas cómodas para el presidente, y en muchas ocasiones, elevados encomios de su persona y su gestión. También se encuentran ahí los medios públicos, que han devenido en medios gubernamentales.
En respuesta a Ramírez Cuevas, el INE dijo la noche del 14 de enero que la solicitud de información sobre el posible pago a periodistas proviene de una investigación realizada a partir de una denuncia. Reforma señaló que dicha denuncia fue interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la queja interpuesta por medio de su representante, Ángel Ávila, el PRD denunció la “indebida intromisión en el proceso electoral en curso, promoción personalizada y la violación a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad” de parte de López Obrador.
A su vez, el INE explicó, por medio de un comunicado de prensa, que “formula diversas preguntas, porque los hechos denunciados están relacionados con la posible ilicitud de la respuesta que el titular del Ejecutivo federal dio a periodistas en la conferencia conocida como mañanera”.
El presidente respondió ese 23 de diciembre ocasión que los partidos de oposición “buscan defender los privilegios, el beneficio para las minorías y la corrupción”. No ha sido la única ocasión. Cada que se le ha preguntado por la alianza entre partidos ha respondido en términos semejantes. Sin embargo, ha asegurado que sus conferencias no son propagandísticas, sino informativas.
La información de Transparencia muestra la existencia de un contrato de prestación de servicios entre “el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, representado por Jenaro Villamil Rodríguez, en su carácter de presidente, y por la otra, Miguel Ángel Arzate Ramírez”.
Es decir, que el reportero que hizo una pregunta que dio paso al presidente para denostar a la oposición, es parte de la nómina del Estado y acude a las mañaneras en su calidad de miembro de un medio de comunicación del Estado.
