Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Un creciente contraste entre el discurso legislativo y las dinámicas de promoción política en territorio ha comenzado a generar tensiones al interior de la XVIII Legislatura de Quintana Roo, luego de que diputados del bloque oficialista impulsaran reformas para frenar el uso político de apoyos sociales mientras mantienen brigadas y actividades de asistencia con fuerte presencia de imagen personal.
La discusión tomó fuerza tras la iniciativa presentada por la diputada María José Osorio Rosas, conocida como “Majo” Osorio, quien propuso adicionar el artículo 400 Bis a la Ley Electoral del Estado para prohibir expresamente el uso de necesidades sociales con fines de promoción política o posicionamiento anticipado.
La propuesta plantea sancionar prácticas relacionadas con la difusión personalizada de apoyos públicos y el uso mediático de programas de asistencia dirigidos a sectores vulnerables.
Sin embargo, el debate político se ha centrado en el papel del diputado Saulo Aguilar Bernés, quien ocupa posiciones estratégicas dentro de las comisiones encargadas de revisar y dictaminar la iniciativa.
Como secretario de la Comisión de Justicia, el legislador tendría participación directa en la construcción del dictamen y en la definición de posibles sanciones administrativas derivadas de la reforma. Además, como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, también tendría injerencia en la armonización de reglamentos municipales relacionados con la entrega de apoyos sociales.
No obstante, publicaciones y actividades vinculadas a brigadas de gestión encabezadas por Saulo Aguilar Bernés en colonias y comunidades del sur del estado han generado cuestionamientos sobre la congruencia entre el contenido de la iniciativa y la promoción territorial de actores políticos mediante apoyos y asistencia social.
De acuerdo con fuentes legislativas, el avance de la reforma podría obligar a una revisión interna dentro del propio bloque mayoritario para definir si las nuevas reglas aplicarán de manera estricta a todos los actores políticos, incluyendo legisladores y gobiernos municipales.
Asimismo, se ha señalado que la discusión también pone sobre la mesa el cumplimiento de los principios de neutralidad establecidos en el artículo 134 constitucional, particularmente en lo relacionado con el uso institucional de recursos públicos y la promoción personalizada de servidores públicos.
El debate permanece abierto en el Congreso local, donde la viabilidad política de la reforma dependerá no solo de los consensos legislativos, sino también de la disposición de las bancadas para ajustar las prácticas de promoción territorial asociadas a apoyos sociales y brigadas comunitarias.
