En primera fila
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Acostumbrados a hacer lo que se les pegue la gana, o no acostumbrados a respetar a un superior jerárquico, excepto al “mero-mero” -y a veces ni a él-, la mayoría de colaboradores del gobernador Carlos Joaquín González siguen empecinados en provocarle dolores de cabeza al mandatario, como si éste no tuviera suficientes problemas con su antecesor Roberto Borge.
Se acercan rápidamente los primeros seis meses del gobierno que logró expulsar al PRI del gobierno de Quintana Roo después de 41 ininterrumpidos años, y tal pareciera que ex priístas, panistas y perredistas siguieran tratando de colgarse la “medallita” del triunfo, o bien de demostrar no sólo ser los mejores, sino que los demás son lo peor de los peor.
Finalmente, al que se han llevado entre las patas en el inter es precisamente a Carlos Joaquín, quien ha practicado todos los ensayos posibles para tratar de meterlos en cintura y, como debiera ser, trabajar precisamente en e-qui-po, sobre todo, lo que les sigue pareciendo imposible, con respeto de jerarquías.
En este sentido, quien más ha resentido los efectos -y no precisamente “colaterales”- ha sido desde un principio el titular de la recién creada jefatura de la Oficina del Gobernador, el playense Miguel Ramón Martín Azueta, a quien un día agreden, y otro también, desde luego a través de “encargos” en medios de comunicación.
Los ataques han sido de lo más variados, inclusive hasta el grado de involucrar su vida personal, lo que, no obstante, en nada ha mermado la confianza del mandatario en quien le liga una cercanía personal. De hecho es uno de los dos o tres personajes considerados sus amigos, algunos de ellos, inclusive, sin cargos específicos.
Irónicamente, esa animadversión hacia Miguel Ramón les ha resultado contraproducente a los enemigos de éste, toda vez que, sin percatarse, no sólo lo están haciendo “mártir”, sino fortaleciendo ante quién sabe perfectamente de dónde provienen esos ataques y cuál es su objetivo.
Más irónico aún, el titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena, pidió este domingo otro “chancecito” para los funcionarios de gobierno para que los resultados puedan palparse, ya que, comparativamente, dijo, no es un termómetro de 10 que indique que se están haciendo las cosas de manera perfecta, pero tampoco indica “que estamos reprobados”.
Curiosamente, quien menos argumentos tiene para hablar de aprobación es precisamente él, ya que, como responsable directo de la nueva Fiscalía General, entre otros, nada ha hecho para dar certeza de que la otrora Procuraduría de Justicia esté haciendo algo contra los ex funcionarios de la administración anterior que, encabezados por Roberto Borge, se pasean tranquilamente por las calles.
Más cerca aún, nada puede decir sobre algún eventual avance en las investigaciones de la matanza de la discoteca de Playa del Carmen o del asalto a las instalaciones policiacas de Cancún que, en uno u otro caso, debió atraer la PGR y provocaron un escándalo nacional que trascendió a las esferas del Congreso de la Unión.
Menos aún puede solicitar “un poco más de tiempo”, cuando hoy, hace más de 7 meses, se vivió el violento homicidio del entonces hombre de todas las confianzas de Roberto Borge, el director general de Gobernación, Isaías Capeline Lizárraga, a quien acribillaron en Cancún junto con su escolta Ángel Casillas.
Por si fuera poco, el 27 de agosto de 2015, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a la entonces Procuraduría de Justicia ejercer acción penal contra 35 agentes de la policía judicial y el subsecretario de Coordinación de Policías Municipales, Cap. Arturo Olivares Mendiola, por los delitos de tortura y abuso de autoridad contra Héctor Cacique Fernández, lo que no ocurre a casi un año y medio de distancia ¿Amnesia?…o descarada impunidad.
Conforme a la información del periodista Mario Castillo en el portal “El punto sobre la I”, López Mena habría considerado que existe una aceptación generalizada por parte de la sociedad, en el entendimiento de que la falta de claridad en cuantos a los resultados esperados no es producto de la ineficiencia o incapacidad de los funcionarios, sino de tiempo para que puedan verse.
¡Caray! ¿Y éste es el presunto responsable de la política interna del gobierno de Carlos Joaquín?, nos preguntamos ¡Con razón las cosas están como están! ¿De dónde saca esa supuesta “aceptación generalizada”?
Si tan siquiera entendiera o aceptara que ésta existió sólo recién iniciado el sexenio y que funcionarios como él, como el titular de Finanzas, Juan Vergara Fernández, o bien como el Oficial Mayor, el soberbio Manuel Alamilla Ceballos, han dado al traste con la popularidad que obtuvo Carlos Joaquín en las urnas el pasado 5 de junio.
La mayor parte de la impopularidad del jefe del Ejecutivo en la Zona Sur podría atribuirse particularmente al chetumaleño Alamilla Ceballos, responsable de la administración de las fuentes de trabajo del Gobierno del Estado y, por ende, de la contratación de personal foráneo, que no sólo provocó el desempleo de quintanarroenses, sino de arrebatarles oportunidades a los profesionistas locales.
Peor aún, es uno de los principales inconformes con la jerarquía de Miguel Ramón -y no se diga del “vicegobernador” López Mena-, ya que, a sabiendas de que éste es quien debiera dar seguimiento a las responsabilidades y pendientes de Carlos Joaquín, no le considera con suficiente competencia administrativa para trascender a las tareas de las demás dependencias.
El hombre se niega a entender -y menos a aceptar- que, caiga mal o peor Miguel Ramón, éste es realmente el jefe de la oficina del gobernador y tiene competencia -salvo respetables excepciones- para abocarse a los mismos problemas que enfrentaría el mandatario y, sobre todo, a resolverlos dentro del ámbito de sus atribuciones.
Así como el propio Alamilla Ceballos nunca había sido Oficial Mayor, ni López Mena secretario de Gobierno, es difícil hacerles entender el alcance de una Oficina del Gobernador, y mucho menos que no son absolutos en sus respectivas dependencias, por lo que sólo su inconformidad -sobre todo en el caso del primero- sólo “coadyuva” a empeorar el propio accionar de la administración pública.
Así las cosas, la pregunta obligada es ¿hasta cuándo pretenden amarrar a los “perros” en el gobierno de Carlos Joaquín para evitar que se sigan llevando a éste entre las piernas?
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)
*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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