Por Salvador Pérez Hernández
Chetumal.- La llamada Ley de Movilidad Social que supuestamente garantizará que las manifestaciones se realicen de manera pacífica y segura, en la práctica representa un freno a esta forma de participación ciudadana, ya que a pesar de que la manifestación es el instrumento por excelencia de participación colectiva en la vida democrática y permite una forma de expresión pacífica de las inconformidades ante la falta de respuesta del gobierno, su regulación afectaría la participación libre y espontánea, forzando a otras formas antidemocráticas como la rebelión y la revolución, por lo que más bien se deben de promulgar leyes que favorezcan este tipo de participación política.
En la Democracia prevalece la igualdad de derechos y obligaciones, dado que la “Libertad” es el bien más preciado del ser humano, la libertad es el eje de este sistema en el que predominan los derechos humanos y del ciudadano; derecho a la vida, derecho a la libertad, la prohibición de la tortura y la esclavitud, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de libertad de expresión, derecho al voto, y el derecho a la manifestación.
Las marchas, reuniones o bloqueos pacíficos, son formas de expresar el descontento y lograr que sean atendidas las demandas colectivas; las marchas consisten en caminatas de un gran número de personas, expresando su inconformidad con pancartas, letreros, gritos u otros medios ingeniosos como los performance y expresiones artísticas colectivas.
Es bien sabido que en democracia se tienen cuatro formas conocidas de participación política; a) El ejercicio del voto, b) Actividades de los ciudadanos en campañas políticas, c) Prácticas de actividades comunitarias o de acciones colectivas y d) Actividades derivadas de un conflicto.
Las dos primeras tienen como finalidad la integración de los órganos de gobierno, la tercera se refiere a actividades colectivas que se realizan para lograr fines comunes y la cuarta para influir en las decisiones tomadas por estos órganos de gobierno en ejercicio de las libertades individuales garantizadas en el estado de derecho, que sólo se pueden dar en un ambiente democrático que favorezca la participación libre e individual.
La Ley General de Movilidad Social “garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad” y se prevé que incluya regulaciones para evitar la presencia de personas encapuchadas, armadas, se cometan actos vandálicos, se pronuncien injurias contra la autoridad, y la obligatoriedad para sacar permiso para el uso de la vía pública, así como el uso de la fuerza pública en contra de manifestantes que no cumplan con esta Ley.
La Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo no restringe los lugares para marchar o protestar, las personas que realicen manifestaciones o marchas podrán hacer uso de las vías públicas sin embargo, deja en claro que si durante las manifestaciones se altera el orden o paz públicos, se entorpece la prestación de un servicio público o se producen actos de violencia, la administración pública tomará las medidas para garantizar el orden.
Además queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública y se establece el “Derecho al aviso”, tendrán derecho a dar aviso a la autoridad por escrito, para efecto de la adopción de protocolos de prevención y protección de sus derechos, incluyendo la asistencia médica y la participación de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, dentro de las 48 horas previas a la celebración de la misma, los avisos deberán contener, nombre y domicilio para recibir notificaciones, lugar de la manifestación, puntos de concentración y recorrido, así como hora y día de la celebración. El gobierno podrá emitir o no una opinión con propuestas de modificación a efecto de prevenir afectaciones.
Se puede concluir que la Ley de movilidad social, a pesar de pretender garantizar el derecho al libre tránsito, estará restringiendo gravemente un derecho humano; el derecho a la libertad de manifestación que es tan preciado como el derecho a la vida y la libertad de expresión, ya que mediante este instrumento la ciudadanía está llamando la atención del titular ejecutivo del gobierno federal; Enrique Peña Nieto, a este problema de inseguridad que se ha tornado gravísimo, y que está íntimamente relacionado con la corrupción y la impunidad vinculada con las dependencias gubernamentales y judiciales.
