Después de prácticamente estar de vacaciones durante el año 2020 donde se alargó la revisión de las cuentas públicas del año 2019, que ni siquiera han sido analizadas por el Congreso, Manuel Palacios Herrera ha despertado de su quinto sueño y lo hizo para poner en jaque a quien ya se ve sentada en una curul de San Lázaro en la Ciudad de México.
Después de casi 3 años, finalmente, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo se acordó de que estaban pendientes presuntas irregularidades por parte de muchos organismos públicos tanto del estado y los municipios.
Pero el caso que llama la atención es de Puerto Morelos, que todavía preside la diputada federal electa, Laura Fernández Piña. A solo unos meses de que deje el poder en el municipio que gobernó por dos periodos, acaban de interponer una denuncia penal en contra de su administración.
El cargo son posibles actos de corrupción en el manejo de dinero durante el ejercicio fiscal 2017, según consta en el reporte más reciente que envió el auditor al Congreso de Quintana Roo.
En el documento se notifica al Congreso, gobernador por legisladores del mismo partido que Fernández Piña, que se han presentado Denuncias de Hechos relacionados con posibles delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Aunque el documento público no revela mayores detalles, señala que corresponde a la Cuenta Pública 2017.
En ese caso vale la pena recodar que el principal señalamiento realizado por los auditores, y que al parecer nunca fue aclarado por el municipio de Puerto Morelos, tiene que ver con la recaudación de ingresos.
De acuerdo con el informe en manos de quien escribe, ese año, se detectó que de la recaudación diaria por distintos conceptos, como el Predial, ZOFEMAT, ISABI, Derechos, entre otros cobros, no eran depositados de manera inmediata a las cuentas del municipio.
Al momento de la revisión el saldo pendiente era nada más y nada menos que 11 millones 383 mil 165.98 pesos.
De esa cantidad, los funcionarios encabezados por Laura Fernández Piña, presentaron a petición de la Auditoría evidencia documental de depósitos realizados durante el mes de enero de 2018 por 3 millones 859 mil 829.16 pesos, así mismo, realizaron depósitos durante el mes de septiembre de 2018 por un importe total de 4 millones 211 mil 832.33 pesos.
Sin embargo, no pudieron demostrar qué pasó con 3 millones 311 mil 504.49 pesos que nunca fueron depositados a las cuentas del Ayuntamiento.
Parece que al final de cuentas no todos saldrán bien librados.
