Gabriel Aarón Macías Zapata
A escasos días que se cumpla un aniversario más de la fundación de Payo Obispo, de seguro se recordará al almirante Othón P. Blanco, a quién se ha reconocido como el autor de haber seleccionado la desembocadura del Río Hondo en la Bahía de Chetumal para establecer la aduana y posteriormente en el que se fundó la ciudad.
Luego de una minuciosa revisión del archivo histórico de la Secretaría de Hacienda, encontramos expedientes inéditos que reflejan que el acto fundacional de la actual capital de Quintana Roo fue resultado de un largo y tortuoso proceso en el que intervinieron diversos empleados de la aduana de Progreso, los comandantes de los buques de guerra Independencia y Libertad y el empresario Manuel Sierra Méndez, hermano de Justo Sierra, quién fue Secretario de Educación de Porfirio Díaz.
Los documentos reflejan la preocupación del gobierno federal para evitar el contrabando de armas destinados a los mayas de Santa Cruz, así como el de maderas a Belice en contubernio con los rebeldes. Con este objetivo, a partir de los años ochenta del siglo XIX se ordenó a los buques de guerra realizar expediciones con la finalidad de impedir el tráfico fronterizo y, de esta manera, acabar con el alzamiento de los mayas. Luego de un recorrido por la costa oriental, desde Progreso hasta la entrada a la bahía de Chetumal, el comandante del Independencia afirmó que: “aunque de mucha importancia vigilarla y por la cual se comunican los indios bárbaros con la Colonia inglesa, no puede llegarse con este buque a causa de la poca agua que tiene la bahía; pues sólo es navegable para canoas, por lo que nos fondeamos en su entrada”. Los siguientes informes reiteraron con insistencia la misma situación.
La importancia de vigilar esta zona obedecía al hecho de que el Río Hondo desembocaba en la bahía de Chetumal, facilitando el transporte fluvial de la madera extraída del interior para luego conducirla a Belice. Además, el río se comunicaba con la laguna de Bacalar por el estero de Chac, de poca profundidad y navegable solo con pequeños cayucos. Por este conducto los mayas trasladaban las armas a Bacalar; y luego, a través de un camino por tierra las llevaban hasta Chan Santa Cruz.
Ante la incapacidad de evitar estos movimientos, el comandante del Independencia, de apellido Garay, en 1886 propuso establecer fuerzas de vigilancia y de avanzada en Isla Mujeres y Cozumel. Al mismo tiempo, sin indicar el lugar preciso sugirió instalar dos aduanas en la costa oriental, acción que se reforzaría con el uso de dos pequeñas embarcaciones que permitieran la navegación en aguas poco profundas. Por su parte, el administrador de la aduana de Progreso, Caravantes, apoyó aquella propuesta e incluso propuso a Bacalar como el lugar más idóneo para establecer el resguardo. Sin embargo, eso sería posible una vez que el ejército mexicano invadiera aquél poblado, que aún se encontraba en poder de los mayas sublevados.
La débil presencia de la autoridad mexicana en la bahía de Chetumal se vio reflejada en la ocasional detención de piraguas y canoas por el cañonero Libertad, sobre todo cuando eran sorprendidas saliendo al mar a través del pequeño y poco profundo canal que conectaba a la bahía con el mar Caribe (actualmente conocido como canal Zaragoza), para luego tomar el rumbo hacia el puerto de Belice. Sin embargo, una vez que se retiraba el buque, el contrabando volvía a tomar su cauce. No cabía la menor duda, la estrategia debería adquirir otro rumbo.
Ante estos hechos, en 1890 el administrador de la aduana de Progreso, José Castelló, propuso qué en vez de establecer un destacamento militar en tierra firme, el gobierno debería adquirir un barco de poco calado que permitiera acercarse a la costa y penetrar en fondeaderos de poca profundidad. En sus propias palabras agregó: “dicho buque debería llevar tripulación que al par que sirviese para las maniobras (en el agua) pudiese operar en tierra, en donde quiera que notase se estuviesen efectuando cortes de madera” de manera clandestina.
Mientras el gobierno federal aún no decidía sobre aquellas propuestas, en 1892 Manuel Sierra Méndez adquirió una concesión forestal que abarcó desde Punta Flor (Bahía del Espíritu Santo) por el norte, hasta los límites con Guatemala en el sur, zona que comprendía la bahía de Chetumal, el Río Hondo y la laguna de Bacalar. A cambio, Sierra se comprometió a evitar el contrabando de maderas puesto que este ilícito le ocasionaría pérdidas en su nueva empresa. Para tal efecto, el gobierno federal otorgó licencia al empresario para aprehender a los contrabandistas; y a su vez, Sierra utilizaría su embarcación para inspeccionar a las canoas sospechosas, para lo cual debería de acompañarse de un agente fiscal y cuyos emolumentos correrían a cargo del gobierno. Al parecer, aquello funcionaría como una especie de aduana móvil, motivo por el que el empresario también contribuiría a la captación fiscal en la zona.
A pesar de las funciones de vigilancia y de hacienda otorgadas a Sierra, al paso del tiempo y en repetidas ocasiones se dirigió a las autoridades para aceptar su incapacidad para detener el intenso contrabando. A la vez, expresó su enorme decepción debido a que ello ocasionaba grandes pérdidas a su empresa y al erario público. Lo valioso de estos informes fue que daba detalles sobre los lugares donde se hacían los cortes ilegales de madera y las personas que lo realizaban. A lo largo del Río Hondo estaba Achiote, lugar en que operaba el inglés Nicomedes Fabro; seguía Ucum, explotado por David Hoy, Jesús Peyrefite y Manuel Contreras. En el Palmar lo hacían Antonio Madrid y Alejandro Williamson. Diversas personas explotaban maderas de manera clandestina en Cerros, Agua Blanca, Estévez, Ramonal, Chaac, Kopén, Corozalito, Estero Franco, Baqueros, Blue Creek y hasta el Río Indio, ubicado en la costa oriental.
Ante el escandaloso fraude cometido contra la nación, el gobierno realizó una investigación y en cuyo informe se dice que: “habría que vigilar no sólo a los cortadores de madera que enumera el Sr. Sierra Méndez, sino también a este último señor, pues se sabe que tanto unos como el otro extraen madera sin cubrir los legítimos derechos de exportación”. Aunque no sabemos si el empresario se enteró de aquella acusación, solicitó a la federación instalar una aduana en la región, pues al parecer perdía más por el contrabando de la madera que por pagar los impuestos de los productos forestales que él lograba explotar.
Otra cuestión es que los cálculos de Sierra sobre el monto defraudado al fisco hacían ver al gobierno que la aduana tendría los ingresos necesarios para sostener la oficina. Según el empresario, entre junio y noviembre de 1893 se explotaron 4,929 toneladas de palo de tinte con un valor de 236,592 pesos. Los impuestos defraudados al gobierno ascendieron a 9,858 pesos, y en caso de recaudarlos serían suficientes para solventar los gastos de una aduana. Por tal motivo, la Secretaría de Hacienda solicitó a Sierra Méndez su opinión para señalar el lugar más adecuado para instalar la oficina.
De inmediato el empresario señaló a un lugar denominado Payo Obispo, ubicado a la salida del Río Hondo en la Bahía de Chetumal; sitio en el que fondeaban las embarcaciones que salían del cauce cargadas de madera con rumbo a Belice. Sin embargo, debido al temor de sufrir un certero ataque de los mayas, como alternativa Sierra propuso establecer la vigilancia en Boca Bacalar Chico (canal de Zaragoza), considerado como un punto estratégico para controlar el tráfico proveniente de la costa oriental y de la Bahía de Chetumal. Por el momento, este lugar era el más seguro debido a que los mayas se encontraban lejos de estos parajes. No obstante, luego del Tratado de Límites de 1893, por el que México fijó sus límites con la colonia de Honduras Británica, Boca Bacalar Chico quedó del lado inglés, motivo por el que este lugar fue descartado para establecer la aduana. De esta manera, el administrador de la aduana de Progreso, Alonso Aspe, reiteró que el mejor sitio sería la Bahía de Chetumal.
El anhelo de Sierra Méndez se cumplió cuando se autorizó la creación de una aduana en la costa oriental, aunque de momento no se indicó el lugar preciso de su instalación. De antemano, en 1895 el gobierno mexicano comisionó a Othón P. Blanco para contratar en Nueva Orleans la construcción de una nave apropiada para la navegación y vigilancia de la zona. Finalmente, el 23 de enero de 1898 Blanco llegó a la bahía en el pontón Chetumal y se estacionó en un lugar próximo a la desembocadura del Río Hondo, frente a un sitio denominado Payo Obispo.
Hasta ahora la historia oficial ha señalado que antes de arribar a este lugar y debido que para él era desconocido, Blanco consultó las cartas inglesas de navegación y por ello decidió establecer la aduana en el punto mencionado. Sin embargo, también contamos con referencias de que el almirante tuvo acceso a los informes rendidos por la Marina, a los realizados por los empleados de la aduana de Progreso y a los de Sierra Méndez. No es casual que Blanco haya decidido instalar una aduana móvil en aquella ubicación, en vez de un resguardo fijo en tierra; además de optar por una embarcación y una tripulación que permitiera realizar operaciones en mar y tierra. Todo esto señalado en algunos escritos anteriores a la llegada del fundador de Payo Obispo.
Si bien fueron varios personajes los que contribuyeron en la elección del punto en el que hoy se encuentra la ciudad de Chetumal, el ejecutor de la decisión final correspondió a Othón P. Blanco.
