Chetumal.- Con la aprobación de la Ley Justicia Alternativa, se establece un nuevo sistema que respalda la intervención más activa de la ciudadanía con lo que, en Quintana Roo, la mediación privada pasa a ser una vía alterna con criterios claros y definidos que colocan al estado a la vanguardia, dijo la diputada Kira Iris San.
Los diputados, recordó, aprobaron el dictamen con minuta de Ley de Justicia Alternativa, para que, en un plazo de seis meses a partir de su publicación, se implementen las disposiciones que incluyen mecanismos alternativos de solución de controversias por medios electrónicos o tecnológicos.
“Vamos a respaldar una intervención más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, que se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro» dijo.
La presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura indicó en Quintana Roo se reconoce la labor de incluir la figura de mediador privado, social, de procesos colaborativos, restaurativos y de círculos comunitarios y familiares para promover una cultura de consenso y armonía.
Por la pandemia, mencionó que la mediación cobra relevancia en la resolución de conflictos familiares, escolares, vecinales y laborales, pues a partir de una invitación, las partes podrán llegar acuerdos, que les permita hallar una reconciliación desde una perspectiva más humana.
También dijo que los mediadores certificados públicos gozarán de fe pública sólo en los actos en que intervengan de conformidad con lo establecido en la ley, y se garantizará el principio de confidencialidad que rige a los mecanismos alternativos de solución de controversias.
En ese sentido, dijo que sumaron nuevas figuras como la de la mediación privada por medios electrónicos o tecnológicos, que dará mayor certeza jurídica a los procedimientos y convenios logrados, incluidos a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Iris San añadió que será integrado el registro de mediadores, público, electrónico, gratuito y obligatorio, a través de una certificación con vigencia de cuatro años para intervenir en materia civil, familiar, mercantil y comunitaria.
En el caso de los procedimientos iniciados, dijo que concluirán conforme a las disposiciones vigentes, en tanto el Poder Judicial del Estado establece instrumentos para la utilización de la firma electrónica en los asuntos celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa en la modalidad de mediación a distancia.
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