Chetumal.- A partir del 01 de julio del presente año, quedaron suspendidos los apoyos en atención médica-hospitalaria, medicinas, estudios clínicos y todo lo relacionado con el padecimiento, a la población que resulte contagiada de COVID-19 que no cuente con alguna afiliación médica (IMSS o ISSSTE) o en su caso a quienes estén adscritos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Por lo que cada paciente que ingrese a los hospitales generales del estado o los COVID-Insabi reconvertidos en Quintana Roo, deberán cubrir los gastos que genere su atención: hospitalización día-cama, estudios clínicos, medicinas, rayos X, tomografías, uso de oxígeno, respirador artificial y en general todo lo relacionado con la pandemia; pudiendo abarcar el costo para la persona enferma entre 20 mil a 100 mil pesos como mínimo según la estancia y gravedad del padecimiento.
Esta disposición empezó a aplicarse por indicaciones del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, desde inicios del presente mes y aunque se presume arrancó en los estados gobernados por representantes de partidos contrarios al suyo y sus aliados, es decir PAN, PRD, PRI; tal acción se disperse con el tiempo al total del país ante la presunta falta de recursos económicos para enfrentar la pandemia.
Tal acción se suma a la falta de atención de niñas y niños con cáncer que ha generado una serie de manifestaciones a nivel nacional ante el riesgo de fallecimientos de infantes por falta de medicinas y tratamiento contra esta enfermedad.
La falta de apoyo para enfrentar la pandemia, ya generó reacciones entre la población afiliada al Insabi en Quintana Roo, porque desde mediados de la semana pasada recibieron la amarga noticia que las claves de estudios clínicos, atención médica, medicinas y otros servicios que reciben las personas pacientes COVID-19 que acuden a los hospitales no pueden ser ingresadas al sistema para exentar del cobro y deberán cubrirlo para recibir la atención.
Gobierno de Quintana Roo esconde información
Cabe señalar que ante las constantes quejas de la población afectada por esta disposición del gobierno federal, se buscó a la secretaria de Salud del Estado, Alejandra Aguirre Crespo u alguna autoridad en la materia para que diera información al respecto e informar a la población para que tome las previsiones necesarias; sin embargo todo dato fue negado lo que causó mayor indignación y preocupación entre las y los afectados porque además de impacto en salud que deberán enfrentar vendrá el económico.
Incluso el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ha guardado hermetismo ante el tema y pese a que tras estudios socio-económicos la población necesitada podría recibir subsidio y disminución en los pagos por atención a pacientes COVID-19 por parte del Estado u otra instancia, existe la incertidumbre derivado de los altos costos que pudiera generar a una persona el tener que recurrir a un hospital o centro de salud para la atención médica; poniendo en riesgo la salud pública.
