TULUM.– Autoridades estatales y municipales lanzaron un llamado de alerta a la ciudadanía sobre un conjunto de desarrollos inmobiliarios que no cuentan con permisos ni autorizaciones obligatorias, lo que representa un riesgo para el patrimonio de quienes decidan invertir en ellos.
La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), en coordinación con el Ayuntamiento de Tulum, informó que proyectos como Luna Sactuary, Selvadentro, Santuario Uh May, Akun, Uxcan Tulum Bamboo Villas, Arunte, Haciendas Cobá, Emana, Viventum, Tulum Cenote Gardens, Nova Tulum, Oken, Maia Holistic Community, Lik Ha, Zool, Selvarum, Xeelenja, Ulumi, Nero, Rosela Tulum, Iktan, Trebola, Cibelia, Bosque Tulum y 528 Tulum, entre otros, no cuentan con los dictámenes, constancias ni licencias establecidas en la legislación vigente.
De acuerdo con la dependencia, estos proyectos incumplen lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley de Acciones Urbanísticas; la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles; el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, además de diversos reglamentos municipales aplicables.
Ante esta situación, se exhortó a la población a no realizar acciones de compra, venta, renta o promesas de adquisición en dichos complejos, pues podrían incurrir en delitos contra el desarrollo urbano y comprometer la seguridad jurídica de su patrimonio.
Las autoridades recordaron que la compra de terrenos o inmuebles sin la debida validación legal no solo afecta a los inversionistas, sino que también contribuye a un crecimiento desordenado en Tulum, con impactos ambientales, sociales y urbanos.
La Sedetus señaló que está disponible para brindar asesoría y orientación a quienes deseen verificar la legalidad de un proyecto antes de invertir. Para ello, los interesados pueden acudir directamente a la dependencia o solicitar información a través del correo electrónico atencion@sedetus.gob.mx.
Con esta advertencia, el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Tulum buscan frenar el avance de construcciones irregulares y proteger a la ciudadanía frente a fraudes inmobiliarios que se han multiplicado en la región.
