Chetumal, Quintana Roo.- Con la renuncia del fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, y la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, para que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) no se convierta en automático en fiscal general, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, consideró como un acto responsable que el fiscal del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, ponga a consideración del Ejecutivo y de la Decimoquinta Legislatura su renuncia en aras de generar confianza en la ciudadanía.
Martínez Arcila, destacó que con el reciente decreto sobre la designación y remoción del fiscal general del estado, se garantiza a los ciudadanos que quienes presuntamente hicieron mal uso de los recursos públicos o cometieron algún acto de corrupción serán sujetos al proceso legal correspondiente.
El presidente de la Gran Comisión, recordó que desde que iniciaron los trabajos de la Decimoquinta Legislatura, se han realizado una serie de modificaciones revirtiendo casi en su totalidad el famoso “paquete de impunidad” con el que se pretendía blindar legalmente al ex gobernador Roberto Borge Angulo.
El legislador indicó que entre las prioridades de la Decimoquinta Legislatura destaca el compromiso de combatir cualquier acto de corrupción que sea cometido o haya sido cometido por algún funcionario o ex funcionario público.
Finalmente el diputado Martínez Arcila, señaló que el encargado de investigar los posibles actos de corrupción de la anterior administración debe estar libre de cualquier duda con respecto a su autonomía e independencia para ejercer sus funciones.
