Luego que los integrantes de la XIV Legislatura local ordenarán a la Auditoria Superior del Estado (ASE) iniciar con los procedimientos resarcitorios contra los ex presidentes y ex funcionarios municipales de los Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos; Othón P. Blanco y Cozumel o de lo contrario iniciar con las acciones legales respectivas el doctor en derecho, José Antonio Barón Aguilar dio a conocer sus puntos de vista sobre este tema y le compartimos a nuestros lectores.
José Antonio Barón Aguilar: En estos momentos la LIV legislatura del Estado de Quintana Roo tiene una responsabilidad importante, ya que tiene que aprobar o en su defecto observar las cuentas públicas de los diferentes ayuntamientos del Estado, con las consecuencias de los actos administrativos y penales que de esta revisión emanen.
No hay que olvidar que durante los últimos años, el debate sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas se han multiplicado en México y el resto del mundo.
El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas es aún muy incipiente en México, y se ha centrado principalmente en el ámbito federal de gobierno, dejando sin atención el estudio de cómo rinden cuentas los gobiernos estatales y municipales. Esa omisión es preocupante porque desde los años ochenta México inició un proceso gradual de descentralización, particularmente en educación y servicios de salud, que ha transferido sumas crecientes de recursos que hoy son ejercidos desde los estados y municipios.
Sin embargo, ese proceso no se ha acompañado de otro paralelo para construir instituciones modernas y eficaces de rendición de cuentas, por lo que es probable que los espacios para el dispendio y la corrupción se hayan expandido en esos ámbitos de gobierno.
Debemos tener en cuenta que la rendición de cuentas significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”.
Diversos actores y organizaciones estatales y no-estatales son jugadores activos de los sistemas de rendición de cuentas, desde los poderes constitutivos del Estado y entidades de interés público como sujetos obligados a rendir cuentas, hasta los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y los ciudadanos a título individual, que actúan más como vigilantes de los poderes de gobierno Cuando en las referidas cuentas públicas se detecta que los números no cuadran y se presume algún presunto desvió de recursos, se incurre en diversas conductas sancionables tanto administrativa como penalmente.
El marco normativo aplicable a este tipo de situaciones es la Ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de estado, específicamente el artículo 6, toda vez que se perjudican los intereses públicos fundamentales o afectan su buen despacho de los municipios, lo cual es sancionado con la destitución del cargo e inhabilitación de uno a 20 años; Lo anterior independientemente de las sanciones penales que establece el Código Penal del Estado de Quintana Roo por administración fraudulenta, penas que puede ir de 3 a 12 años de prisión.
Ahora bien cuando el presunto infractor es uno de los funcionarios que alude el artículo 8 de la Ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de estado, para separar del cargo al funcionario es necesario tener en cuenta la aplicación de dos figuras jurídicas que son las siguientes: el Juicio Político y la Declaración de Procedencia.
El juicio político y la declaración de procedencia constituyen la máxima tribuna a la que puede someterse un funcionario público con fuero cuando incurre en un acto delictivo.
El juicio político es el proceso que se sigue para desaforar a un funcionario público por irregularidades o delitos. El proceso, de finalizar con el dictamen en contra del funcionario, consiste en la separación del mismo, inhabilitación para ocupar puestos públicos por determinado tiempo, asignación de sanciones económicas y, finalmente, dependiendo de la gravedad del acto, el funcionario puede ser remitido al Poder Judicial para efectos de sanciones penales.
Las constituciones locales enumeran los funcionarios públicos sujetos a estas sanciones: gobernadores, alta burocracia, magistrados del Tribunal de Justicia, consejeros electorales, diputados y presidentes municipales.
Aunque similares, el juicio político y la declaración de procedencia guardan diferencias respecto de sus propósitos y de los sujetos contra los que pueden iniciarse. El proceso que se lleva a cabo en uno y otro es el mismo, pero el juicio político sólo se sigue contra funcionarios públicos investidos con la figura del fuero.
La declaración de procedencia, en cambio, es la figura legal disponible para buscar el castigo de funcionarios que pueden o no disfrutar del fuero constitucional. Es un mecanismo que regula tanto a los funcionarios públicos altos, como a los mandos medios de la Administración Pública o de los poderes Legislativo y Judicial. La otra diferencia entre ambos mecanismos consiste en que la declaración de procedencia está orientada a llevar el proceso hasta el Poder Judicial para los efectos legales que supone una sanción penal y pecuniaria; en cambio, el juicio político, aunque puede tener un desenlace similar e incluso obligatorio si el caso involucra la comisión de un delito, puede por otra parte concluir tan sólo en la separación temporal o definitiva del funcionario público inculpado. La diferencia en los desenlaces reside fundamentalmente en la valoración de la conducta del funcionario, que puede suponer irregularidad sin implicar delito.
En algunos estados como Aguascalientes, la declaración de procedencia también se diferencia del juicio político en que es remitida ante la Procuraduría General de Justicia y no ante el Congreso, aunque ese matiz no propicia ritmos ni términos distintos, ya que el Congreso del estado es siempre el encargado de desahogar una demanda de juicio político o de d
