Mientras las autoridades educativas reportan una reducción del acoso escolar, las denuncias y los indicadores de violencia digital muestran un panorama más complejo. El problema no desaparece porque disminuya en los expedientes: también se manifiesta en las redes sociales, los teléfonos celulares y el silencio de las víctimas.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Este 5 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, Quintana Roo tiene más motivos para preocuparse que para celebrar.
Mientras las autoridades educativas reportan una disminución considerable de los casos de acoso escolar en el nivel básico, otros indicadores advierten que la violencia digital continúa afectando a la población, incluidos niñas, niños y adolescentes.
La contradicción merece atención. No porque las cifras correspondan necesariamente a las mismas víctimas o midan el mismo fenómeno, sino porque muestran que una reducción de los expedientes escolares no basta para afirmar que la violencia ha dejado de ser un problema.
El acoso ya no ocurre únicamente en los salones de clases, los pasillos o los patios escolares. También puede continuar después de la jornada educativa, mediante mensajes, publicaciones, amenazas y contenidos compartidos en redes sociales.
Y en esos espacios resulta todavía más difícil identificarlo, documentarlo y detenerlo.
El ciberacoso crece mientras disminuyen los reportes escolares
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 20.4 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizan internet en Quintana Roo reportó haber sufrido alguna situación de ciberacoso durante los 12 meses anteriores al levantamiento.
En 2024, la proporción había sido de 17.4 por ciento.
La diferencia representa un incremento de tres puntos porcentuales, equivalente a un crecimiento relativo aproximado del 17.2 por ciento.
Según los datos citados, Quintana Roo se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de este fenómeno.
Aunque el MOCIBA comprende a personas de distintas edades y no exclusivamente a estudiantes, sus resultados permiten dimensionar un entorno digital en el que el hostigamiento se mantiene como una preocupación social.
Detrás de las estadísticas hay personas que reciben amenazas, enfrentan suplantaciones de identidad, son objeto de insultos o padecen insinuaciones y propuestas sexuales no deseadas.
El propio Inegi identifica diferencias en las formas de agresión que experimentan mujeres y hombres, lo que evidencia que el ciberacoso no afecta de la misma manera a toda la población.
Para los adolescentes, estas experiencias pueden resultar especialmente difíciles cuando la agresión involucra a compañeros de escuela o personas de su entorno cotidiano.
Cinco casos oficiales frente a decenas de denuncias
La Secretaría de Educación de Quintana Roo reportó cinco casos de acoso escolar atendidos en educación básica durante el ciclo 2024-2025, cifra presentada como una reducción del 90 por ciento respecto del periodo de comparación utilizado por la dependencia.
Los casos se concentraron en secundarias de Chetumal y Cancún.
El dato podría interpretarse como un avance en la atención institucional. Sin embargo, debe contrastarse con otros reportes que describen una problemática de mayor alcance.
Durante los primeros diez meses de 2025 se difundieron cifras de más de 60 denuncias relacionadas con violencia escolar y digital, entre ellas 35 incidentes de acoso escolar y 26 de ciberacoso, principalmente en la zona norte del estado.
También se han señalado más de 30 casos de violencia que involucran a adolescentes y jóvenes de distintos niveles educativos desde el periodo posterior a la pandemia.
Estas cantidades no pueden sumarse ni compararse directamente sin conocer sus fuentes, periodos, definiciones y posibles coincidencias.
Pero la diferencia entre los registros sí obliga a formular una pregunta: ¿las cifras oficiales reflejan una reducción real de la violencia o solamente una disminución de los casos que llegan a ser reconocidos y atendidos mediante determinados procedimientos?
La respuesta requiere información más detallada de las autoridades.
El silencio también es parte del problema
Una de las principales dificultades para combatir el acoso escolar es que no todas las víctimas denuncian.
Algunas temen represalias de sus agresores. Otras consideran que los adultos no les creerán o que sus compañeros terminarán culpándolas por hablar.
También persiste la normalización de conductas que suelen justificarse como bromas, juegos o conflictos propios de la edad.
Sin embargo, cuando las agresiones son reiteradas y existe una relación de desequilibrio de poder, pueden constituir situaciones de acoso que requieren intervención.
La ausencia de una denuncia no significa necesariamente que no exista violencia.
Y la falta de un expediente tampoco demuestra que un plantel esté libre de problemas.
Por eso, las autoridades educativas necesitan indicadores que vayan más allá del número de casos formalmente registrados.
Es indispensable conocer cuántas quejas se reciben, cuántas se investigan, cuántas se descartan y cuántas derivan en medidas de protección, atención psicológica o acciones correctivas.
De lo contrario, una disminución estadística puede confundirse con una mejora que todavía no ha sido suficientemente demostrada.
La violencia continúa después de salir de la escuela
El ciberacoso tiene una característica particularmente preocupante: puede perseguir a la víctima incluso cuando ya se encuentra en su casa.
Un mensaje ofensivo, una fotografía difundida sin consentimiento o una cuenta falsa pueden prolongar el hostigamiento durante horas o días.
Y cuando el agresor pertenece al mismo entorno escolar, la violencia digital puede trasladarse nuevamente al salón de clases.
Los reportes de la Policía Cibernética de Quintana Roo muestran que las agresiones en internet forman parte de una problemática más amplia.
En octubre de 2026, la dependencia habría atendido 235 reportes, de los cuales 36 estuvieron relacionados con acoso cibernético.
También se han difundido registros de septiembre que refieren mil 165 denuncias recibidas durante un periodo de seis semanas, aunque resulta necesario precisar las categorías y fechas comprendidas en ese corte.
Por otra parte, los datos citados de la línea estatal de denuncia correspondientes a 2025 incluyen 181 llamadas relacionadas con posibles ilícitos contra menores, entre ellas 82 por hostigamiento y 38 por grooming, conducta asociada al acercamiento de adultos a menores mediante medios digitales con fines de explotación o abuso sexual.
Estas cifras proceden de sistemas de registro diferentes y no representan necesariamente el mismo tipo de violencia.
Sin embargo, en conjunto muestran la necesidad de fortalecer la prevención y la atención de riesgos digitales que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.
Las pláticas no son suficientes
El Gobierno de Quintana Roo ha informado sobre actividades de sensibilización en escuelas relacionadas con acoso escolar, abuso sexual, delitos cibernéticos, violencia en el noviazgo y derechos de la infancia.
Son esfuerzos necesarios.
Pero una conferencia, una campaña informativa o la distribución de materiales preventivos no sustituyen la atención especializada que necesita una víctima.
Tampoco garantizan que los estudiantes cuenten con canales seguros para denunciar o que las escuelas dispongan de personal capacitado para intervenir.
La prevención exige seguimiento, coordinación con las familias, protección de datos personales, acompañamiento psicológico y procedimientos claros para actuar ante posibles agresiones.
También requiere evitar que las víctimas sean expuestas, desacreditadas o sometidas a nuevos episodios de hostigamiento después de denunciar.
Una escuela no puede considerarse segura solamente porque no tenga quejas registradas.
Debe demostrar que sus estudiantes conocen los mecanismos de atención y confían en que serán escuchados.
Menos discursos y más rendición de cuentas
El problema de fondo no consiste en desacreditar cualquier avance que reporten las autoridades educativas.
Si existen menos casos de acoso escolar, sería una noticia positiva.
Pero esa mejoría necesita sostenerse con información verificable y con indicadores que permitan conocer lo que sucede dentro y fuera de las aulas.
Quintana Roo requiere estadísticas públicas más completas, protocolos que realmente funcionen y mecanismos para identificar situaciones que permanecen ocultas por miedo, vergüenza o desconfianza.
También necesita reconocer que el acoso escolar y el ciberacoso pueden estar relacionados, aunque no sean fenómenos idénticos ni se midan con los mismos instrumentos.
El riesgo está en celebrar una reducción de expedientes mientras las víctimas siguen enfrentando agresiones que nunca llegan a los registros oficiales.
En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la exigencia debería ser clara: menos autocomplacencia y mayor rendición de cuentas.
Porque el acoso no desaparece cuando deja de aparecer en las estadísticas. Desaparece cuando se previene, se atiende y se evita que vuelva a repetirse.
Y mientras haya estudiantes que teman entrar a su salón de clases, abrir sus redes sociales o revisar los mensajes de su teléfono, las autoridades todavía tendrán una responsabilidad pendiente.
La verdadera medida del éxito no será cuántos casos menos aparecen en los informes, sino cuántas niñas, niños y adolescentes pueden estudiar y convivir sin miedo.
