Las empresas Litho Formas y Cajas Graf obtuvieron adjudicaciones por aproximadamente 50.7 millones de pesos para la elección judicial de 2025. La Auditoría Superior de la Federación solicitó documentación al Instituto Electoral de Quintana Roo sobre contrataciones de distintos años, mientras una investigación nacional pone bajo escrutinio las relaciones entre proveedoras de materiales electorales.
Chetumal, Quintana Roo.— Más de 50 millones de pesos fueron adjudicados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) a dos empresas proveedoras de documentación y materiales electorales durante el proceso extraordinario de elección judicial de 2025, compañías cuyos nombres aparecen en investigaciones periodísticas nacionales sobre la concentración de contratos públicos en organismos electorales.
Se trata de Litho Formas, S. A. de C. V., y Cajas Graf, S. A. de C. V., que obtuvieron adjudicaciones por aproximadamente 34.8 millones y 15.9 millones de pesos, respectivamente, para un monto conjunto reportado de 50 millones 695 mil 222 pesos.
Las contrataciones adquieren relevancia luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitara al IEQROO expedientes relacionados con adquisiciones realizadas en diferentes procesos electorales.
La presidenta del organismo, Rubí Pacheco Pérez, confirmó públicamente la recepción de un requerimiento de información correspondiente a contrataciones de 2014, 2024 y 2025.
La funcionaria precisó que se trataba de una revisión documental y que, al momento de sus declaraciones, no se había realizado una visita física de auditores al instituto.
Dos empresas beneficiadas en una misma licitación
La documentación oficial del IEQROO permite identificar el procedimiento de licitación pública nacional IEQROO/LPN/16/2025, cuyo fallo fue emitido el 14 de abril de 2025.
En ese procedimiento resultaron adjudicadas Litho Formas para la impresión de documentación electoral y Cajas Graf para la producción de materiales electorales destinados a la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial.
La información aparece en la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2025, publicada por el propio organismo electoral.
Sin embargo, el hecho de que ambas empresas hayan resultado beneficiadas en un mismo procedimiento no demuestra que existiera una competencia simulada, pues es necesario revisar las partidas, las propuestas económicas y los criterios utilizados para determinar a los proveedores ganadores.
La revisión de estos documentos permitiría conocer si los precios contratados correspondieron a las condiciones del mercado y si existieron mecanismos suficientes para garantizar una contratación competitiva.
Una investigación que alcanza a proveedores electorales de todo el país
El interés sobre estas contrataciones no surgió exclusivamente en Quintana Roo.
Investigaciones periodísticas nacionales han señalado que diversas empresas dedicadas a producir boletas, documentación y materiales electorales obtuvieron contratos por miles de millones de pesos en organismos públicos locales electorales.
Los reportes identifican posibles relaciones empresariales y coincidencias entre participantes en procedimientos de contratación, circunstancias que han generado cuestionamientos sobre la competencia entre proveedores.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg y otras firmas vinculadas al mercado de suministros electorales.
No obstante, las relaciones comerciales o societarias entre empresas deben acreditarse documentalmente y no constituyen, por sí mismas, pruebas de corrupción o de acuerdos ilegales.
La investigación en Quintana Roo debe determinar qué empresas participaron en cada licitación, quiénes presentaron las ofertas y cuáles fueron las razones técnicas y económicas para adjudicar los contratos.
Los antecedentes se remontan a elecciones anteriores
Cajas Graf no es una proveedora nueva del IEQROO.
Durante el proceso electoral de 2022, cuando el instituto era presidido por Mayra San Román Carrillo Medina, la empresa obtuvo una contratación reportada por aproximadamente 29.8 millones de pesos para suministrar materiales electorales utilizados en las elecciones de gubernatura y diputaciones locales.
El procedimiento fue identificado como IEQROO/LPN/007/2022.
Este antecedente muestra que las relaciones contractuales con proveedores electorales abarcan distintas administraciones del organismo y no se limitan a la gestión actual.
Por ello, cualquier revisión seria deberá identificar a los integrantes de los comités responsables de las contrataciones, las propuestas recibidas, los fallos emitidos y los pagos realizados en cada periodo.
¿Qué busca la Auditoría Superior de la Federación?
El requerimiento de expedientes confirmado por Rubí Pacheco Pérez abre una nueva etapa de escrutinio sobre las contrataciones del IEQROO.
Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público el oficio completo de solicitud de información ni un informe de resultados que permita conocer si la ASF identificó observaciones específicas.
Tampoco se ha acreditado públicamente que los contratos señalados hayan ocasionado un daño patrimonial.
La distinción es fundamental: solicitar expedientes no equivale a determinar responsabilidades administrativas o penales.
Aun así, la intervención de una autoridad fiscalizadora hace necesario transparentar la documentación de los procedimientos y explicar cómo se utilizaron los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones.
Más de 50 millones que deben explicarse
En vísperas del proceso electoral de 2027, la transparencia en la contratación de materiales y documentación electoral adquiere especial importancia.
El IEQROO tendrá nuevamente la responsabilidad de organizar elecciones de gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales, lo que implicará nuevas adquisiciones y compromisos presupuestales.
La revisión de las contrataciones anteriores puede ayudar a establecer si los procedimientos utilizados garantizaron las mejores condiciones de precio, calidad y cumplimiento para el instituto.
También permitirá conocer si existe una concentración recurrente de adjudicaciones entre determinados proveedores y, en su caso, si esa concentración responde a factores técnicos, económicos o a prácticas que ameriten una investigación más profunda.
Por ahora, las cifras conocidas dejan una pregunta central:
¿Cómo se justificó la adjudicación de más de 50 millones de pesos a Litho Formas y Cajas Graf y qué mecanismos utilizó el IEQROO para garantizar la transparencia de esas contrataciones?
La respuesta no puede limitarse a señalar que se realizaron licitaciones públicas.
Es necesario conocer los expedientes completos, las ofertas presentadas, los contratos firmados y los pagos efectivamente realizados.
**Porque cuando se trata de recursos destinados a organizar elecciones, la transparencia no debería terminar con la publicación de un fallo: debe permitir que cualquier ciudadano compruebe cómo, por qué y a quién se le entregó el dinero públi
