Desde la campaña electoral de 2024, periodistas han denunciado actitudes hostiles del responsable de Comunicación Social de Tulum. Ahora, tras una acusación de amenazas de muerte contra un reportero en Chetumal, crecen los cuestionamientos sobre la permanencia del funcionario en el cargo.
Chetumal, Quintana Roo.— ¿Qué le debe Diego Castañón a Adán Quintanilla para mantenerlo al frente de la Comunicación Social del Ayuntamiento de Tulum, pese a los reiterados señalamientos de periodistas por presuntas amenazas, insultos y conductas intimidatorias?
La pregunta no surge únicamente por lo ocurrido la noche del viernes en Chetumal, donde un reportero de Notisur acusó al funcionario municipal de intentar agredirlo y amenazarlo de muerte.
El problema viene de tiempo atrás.
Durante la campaña electoral de 2024, cuando Diego Castañón buscaba mantenerse al frente del gobierno municipal de Tulum, se habría registrado un episodio de confrontación con periodistas que cubrían uno de sus recorridos proselitistas en la zona residencial de Aldea Zamá.
De acuerdo con testimonios recabados sobre aquel episodio, Adán Quintanilla insultó a compañeros de distintos medios de comunicación que realizaban su trabajo periodístico durante el recorrido del entonces candidato.
¿El motivo? Según los señalamientos, las publicaciones críticas que esos comunicadores habían realizado sobre Diego Castañón.
No se trataba de personas que estuvieran interfiriendo con el evento. Eran periodistas que acudieron a cubrir una actividad política y que, de acuerdo con los testimonios, recibieron insultos por ejercer su derecho a cuestionar a un personaje público.
El incidente, según las fuentes consultadas, fue presenciado por testigos y se suma a otros señalamientos sobre el comportamiento del funcionario hacia integrantes de la prensa.
De Aldea Zamá a Chetumal: las acusaciones se repiten
Dos años después, el nombre de Adán Quintanilla vuelve a estar involucrado en una controversia, pero esta vez el señalamiento es todavía más grave.
Un periodista de Notisur denunció públicamente que el vocero de Diego Castañón intentó agredirlo y posteriormente lo amenazó de muerte durante un encuentro ocurrido la noche del viernes en Chetumal.
El comunicador aseguró que anteriormente también había enfrentado una situación similar en las inmediaciones del Parque del Renacimiento, en la capital del estado.
Ante lo sucedido, anunció que acudiría a la Vicefiscalía de Justicia del Distrito Sur para presentar la denuncia correspondiente y responsabilizó públicamente a Quintanilla de cualquier agresión contra él o su familia.
Las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes. Sin embargo, los antecedentes conocidos plantean un problema que va más allá de una confrontación personal.
¿Por qué Diego Castañón lo mantiene en el cargo?
Aquí aparece una interrogante que el presidente municipal de Tulum tendría que responder.
De acuerdo con testimonios de integrantes del gremio periodístico, las quejas sobre el trato de Quintanilla hacia comunicadores ya habían sido reportadas directamente a Diego Castañón.
Si el alcalde conocía estos señalamientos, ¿qué medidas tomó para evitar que las confrontaciones continuaran?
¿Se inició alguna investigación administrativa? ¿Se llamó la atención al funcionario? ¿Se establecieron mecanismos para garantizar una relación de respeto con los medios?
O, sencillamente, ¿se decidió ignorar las quejas?
Porque una cosa es mantener la confianza política en un colaborador y otra muy distinta desentenderse de las acusaciones que se acumulan contra él.
La lealtad personal no debería estar por encima de las responsabilidades del servicio público.
Y menos cuando se trata de un funcionario cuyo trabajo consiste precisamente en establecer una relación profesional entre el gobierno municipal y los medios de comunicación.
Un vocero no está para intimidar periodistas
El director de Comunicación Social no es un guardaespaldas político del alcalde ni un encargado de enfrentar personalmente a quienes publican información incómoda.
Su responsabilidad es comunicar las acciones institucionales, atender a los medios, facilitar información pública y contribuir a que la ciudadanía conozca las decisiones de su gobierno.
Las críticas periodísticas, por severas que sean, no autorizan insultos, intimidaciones ni amenazas.
Si un funcionario considera que determinada publicación contiene información falsa, tiene mecanismos institucionales y legales para solicitar aclaraciones o ejercer su derecho de réplica.
Lo que no puede justificarse es que una diferencia editorial termine, presuntamente, en una amenaza contra la integridad de un periodista.
Y si esa amenaza proviene de quien ocupa la dirección de Comunicación Social de un Ayuntamiento, la gravedad institucional es todavía mayor.
El silencio también exige explicaciones
Diego Castañón no puede ser considerado responsable de una conducta individual únicamente por ser superior jerárquico de Quintanilla. Pero sí tiene la obligación política y administrativa de atender seriamente las denuncias que involucran a sus colaboradores.
Especialmente cuando existen señalamientos anteriores y versiones de que las inconformidades ya fueron comunicadas a la presidencia municipal.
Por eso, la pregunta sigue vigente:
¿Qué explica que Adán Quintanilla permanezca en un puesto de relación directa con la prensa pese a las acusaciones reiteradas sobre su comportamiento?
No se trata de exigir una condena anticipada. Se trata de reclamar una investigación, garantías para los periodistas y una respuesta institucional que hasta ahora no ha sido documentada.
El caso de Chetumal debe esclarecerse. También deberían revisarse los antecedentes denunciados por comunicadores en Tulum, incluido el episodio de Aldea Zamá durante la campaña de 2024.
Porque la libertad de expresión no puede depender de la tolerancia de un vocero a las críticas contra su jefe.
Y si Diego Castañón pretende que su gobierno sea respetado, debería comenzar por garantizar que quienes tienen la responsabilidad de comunicarse con la prensa respeten a quienes ejercen el periodismo.
Al final, la pregunta no es solamente qué le debe Diego Castañón a Adán Quintanilla.
La pregunta es por qué los periodistas tendrían que seguir enfrentando presuntas intimidaciones de un funcionario público sin que exista una respuesta institucional clara.
