Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Tras una tersa comparecencia ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado —calificada por diversos sectores como un ejercicio sin autocrítica—, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Carlos Aguilar Osorio, terminó por exhibir las profundas fallas de su dependencia y la ineficacia de los programas de apoyo al campo quintanarroense.
En una entrevista posterior a su presentación ante los diputados locales, el funcionario admitió públicamente una práctica ilegal que opera a la vista de todos: los materiales y equipos entregados como subsidios a los productores terminan siendo vendidos o subastados a los pocos días, utilizando incluso las redes sociales para ofertarlos.
Lo delicado de la revelación radica en que, pese a tener pleno conocimiento de estas irregularidades, la Secretaría a su cargo ha optado por la omisión, absteniéndose de fincar responsabilidades administrativas o legales. Esta postura contrasta con la formación profesional del propio Aguilar Osorio, quien es abogado de carrera.
Lejos de anunciar una estrategia de fiscalización o endurecer las reglas de operación para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan y los trabajan, el titular de la Sedarpe adoptó una postura soberbia. Al ser cuestionado sobre la falta de resultados, atajó asegurando de forma discrecional que «no les va a dar apoyos a estas personas», como si los recursos del erario fuesen de su propiedad personal, y desestimó los señalamientos catalogándolos como «provocaciones».
Durante el encuentro con los medios de comunicación —en un Congreso del Estado al que cada vez resulta más restrictivo el acceso para la ciudadanía, a pesar de autonombrarse la «Legislatura del Pueblo»—, Aguilar Osorio reconoció además la incapacidad de la Sedarpe para estructurar mecanismos eficaces de comercialización que permitan a los productores locales colocar sus cosechas en mejores mercados.
La evidencia del fracaso en las políticas públicas del sector primario quedó sellada cuando el funcionario, intentando justificar su vestimenta vaquera en las visitas a las comunidades rurales, reveló que posee un rancho desde hace más de diez años donde produce limón.
En un desliz discursivo, el titular de la dependencia encargada de impulsar la economía rural terminó por confirmar la desconexión institucional al asegurar que, ante la falta de canales de distribución gubernamentales, él mismo se compra su propia producción
