Aunque Quintana Roo mantiene una población relativamente joven, más de 130 mil habitantes tienen 60 años o más. Para una parte de ellos, llegar a esta etapa no significa retirarse: las condiciones económicas, la falta de pensiones contributivas y las desigualdades territoriales obligan a muchos a continuar trabajando.
Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— En Quintana Roo, conmemorar el Día del Abuelo también obliga a mirar una realidad que pocas veces ocupa el centro de los discursos oficiales: detrás de una entidad caracterizada por su población joven, más de 130 mil personas han llegado a los 60 años y enfrentan una vejez marcada por profundas diferencias económicas y territoriales.
El desafío no radica únicamente en cuántos adultos mayores existen, sino en cómo están envejeciendo, de qué viven, cuánto dependen económicamente de otras personas y cuántos tienen que continuar trabajando porque llegar a los 60 años no necesariamente significa tener acceso a una jubilación.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Quintana Roo tenía alrededor de 131 mil habitantes de 60 años y más, dentro de una población estatal cercana a 1.85 millones.
Al mismo tiempo, la edad mediana de los habitantes era de apenas 28 años, una característica que confirma el perfil demográficamente joven del estado, pero que también puede ocultar las necesidades específicas de una población adulta mayor que continuará creciendo conforme avance el proceso de envejecimiento.
Benito Juárez concentra la mayor población adulta mayor
La distribución tampoco es uniforme.
Benito Juárez concentraba 59 mil 313 adultos mayores, seguido de Othón P. Blanco, con 25 mil 741; Solidaridad, con 13 mil 105; Felipe Carrillo Puerto, con 7 mil 946, y Cozumel, con 7 mil 818.
En municipios como Isla Mujeres, Puerto Morelos y Tulum, la cantidad absoluta era considerablemente menor.
La concentración en Benito Juárez y Othón P. Blanco coincide con el peso demográfico de Cancún y Chetumal, además de su concentración de servicios, infraestructura pública y actividad económica.
Pero tener menos adultos mayores tampoco significa enfrentar menores problemas.
En las comunidades rurales y de la Zona Maya aparece otra dificultad: la dispersión territorial y un entorno socioeconómico considerablemente más adverso, que puede complicar el acceso a servicios, fuentes de ingreso y redes institucionales.
Los indicadores disponibles muestran la dimensión de esa desigualdad.
En 2020, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza alcanzaba 82.3% en Felipe Carrillo Puerto y 81.6% en José María Morelos, mientras en Benito Juárez era de 47.1% y en Othón P. Blanco de 49.3%.
Estos porcentajes corresponden a la población general y no exclusivamente a quienes tienen 60 años o más, por lo que no deben utilizarse como una medición directa de pobreza entre adultos mayores. Sin embargo, permiten dimensionar las condiciones económicas del territorio en el que envejecen miles de habitantes.
Cumplir 60 años no significa dejar de trabajar
Otro de los grandes desafíos aparece en el ingreso.
Para una parte de la población, alcanzar la edad adulta mayor no viene acompañado automáticamente de una pensión laboral suficiente ni de las condiciones económicas necesarias para abandonar el mercado de trabajo.
El contraste es importante en una economía como la quintanarroense, altamente dependiente de actividades turísticas, comerciales y de servicios.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra la dimensión del mercado laboral estatal: durante el primer trimestre de 2026, la población ocupada rondó el millón de personas.
Sin embargo, esta cifra general no significa que todos los adultos mayores que continúan económicamente activos tengan empleos formales, prestaciones o acceso a instituciones de salud.
Para analizar las condiciones de la vejez resulta fundamental distinguir entre trabajadores subordinados, trabajadores por cuenta propia, informalidad, prestaciones y acceso a seguridad social.
Un adulto mayor puede continuar apareciendo dentro de la población ocupada, pero hacerlo desde actividades comerciales, servicios, pequeños negocios o trabajos por cuenta propia que no necesariamente garantizan estabilidad económica.
Una vejez desigual
Las condiciones bajo las cuales se envejece en Quintana Roo son, por tanto, profundamente distintas.
No es lo mismo llegar a los 60 o 70 años con una pensión contributiva, vivienda propia y servicios médicos disponibles que hacerlo dependiendo del trabajo diario, del apoyo familiar o de transferencias gubernamentales.
Tampoco representa la misma realidad envejecer en Cancún o Chetumal, donde existe una mayor concentración de servicios, que hacerlo en una comunidad rural alejada de las cabeceras municipales.
Esta diferencia adquiere relevancia conforme la población envejece.
Quintana Roo todavía puede considerarse un estado joven, pero sus más de 130 mil adultos mayores registrados desde 2020 representan una advertencia sobre las necesidades que aumentarán durante los próximos años: atención médica, cuidados, movilidad, ingresos, pensiones y mecanismos que permitan mantener una vida independiente.
El reto para las políticas públicas será evitar que una mayor esperanza de vida termine significando también más años de dependencia económica o de trabajo por necesidad.
Porque detrás de las cifras existe una realidad menos visible: para miles de quintanarroenses, llegar a la vejez todavía no representa el momento de retirarse, sino una etapa en la que deben encontrar la manera de seguir generando ingresos para sostenerse.
