CHETUMAL, Quintana Roo.— El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) emitió una opinión técnica jurídica favorable a la iniciativa que propone adicionar el artículo 400 BIS a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado (LIPEQROO), con el objetivo de fortalecer las restricciones al uso político de programas sociales y de la propaganda gubernamental.
La propuesta legislativa, remitida para análisis por la Secretaría de Gobierno del Estado, busca establecer como infracción que autoridades o personas servidoras públicas difundan apoyos, programas o servicios gubernamentales utilizando su nombre, imagen, voz o símbolos que puedan generar promoción personalizada o posicionamiento político indebido.
Asimismo, la iniciativa plantea que toda comunicación relacionada con programas sociales se realice exclusivamente a través de canales institucionales y con fines informativos, educativos o de orientación social, evitando cualquier utilización con fines electorales o de promoción personal.
Tras el análisis efectuado por la Dirección Jurídica del organismo electoral, el IEQROO determinó que la propuesta es jurídicamente viable, razonable y congruente con los principios constitucionales de equidad, neutralidad e imparcialidad que deben regir la función pública.
El instituto consideró que la iniciativa se encuentra dentro de las facultades legislativas del Congreso del Estado y contribuye a prevenir el uso político-electoral de recursos públicos mediante la promoción personalizada de servidores públicos.
Uno de los aspectos relevantes de la propuesta es que las restricciones serían aplicables de manera permanente y no únicamente durante los procesos electorales, aunque se precisa que no se busca limitar la libertad de expresión cuando no exista utilización de recursos públicos ni fines de promoción gubernamental.
La opinión emitida por el IEQROO tiene carácter técnico y orientador, por lo que no resulta vinculante para el Poder Legislativo, que será la instancia encargada de analizar, discutir y, en su caso, aprobar las modificaciones planteadas a la legislación electoral estatal.
El acuerdo aprobado será notificado a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los integrantes del Consejo General para los efectos legales correspondientes.
De avanzar en el Congreso local, la reforma fortalecería el marco normativo destinado a evitar la utilización de programas sociales y acciones gubernamentales como herramientas de promoción política o electoral en Quintana Roo.
