Por Victoria Castro Chávez
La reciente reforma al artículo 680 del Código Civil de Quintana Roo, aprobada por el Congreso del Estado como una medida para fortalecer la protección de derechos familiares y civiles, terminó generando más efectos de presión social y exhibición pública que verdaderas consecuencias jurídicas contra deudores alimentarios.
La modificación obliga al Registro Civil a informar por escrito si alguna de las personas que pretende contraer matrimonio aparece inscrita dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Aunque el discurso oficial presentó la reforma como un avance para proteger a niñas, niños y personas acreedoras alimentarias, la medida no impide legalmente el matrimonio, tampoco suspende derechos civiles ni establece sanciones adicionales para quienes incumplen con el pago de pensiones.
En la práctica, el principal efecto de la reforma consiste en transparentar públicamente la condición del deudor y generar presión social antes de formalizar un matrimonio.
El esquema se alinea con la lógica impulsada posteriormente por la llamada Ley Sabina, movimiento respaldado por colectivos y madres de familia que busca endurecer las restricciones contra quienes incumplen obligaciones alimentarias.
A diferencia de las reformas federales y estatales inspiradas en la Ley Sabina —que contemplan limitaciones para acceder a cargos públicos, tramitar pasaportes o participar en candidaturas—, la reforma quintanarroense quedó reducida a un mecanismo informativo previo al matrimonio.
El artículo 680 únicamente obliga a notificar a la pareja sobre la situación del deudor alimentario, dejando la decisión final en manos de la persona contrayente.
Especialistas consideran que este tipo de disposiciones tienen un componente principalmente simbólico y mediático, al trasladar el incumplimiento alimentario al terreno del señalamiento moral y público, sin modificar de fondo la capacidad jurídica de los deudores.
No obstante, las reformas sí representan un cambio cultural relevante, debido a que visibilizan una problemática históricamente normalizada en México: el abandono económico de hijos e hijas por parte de padres incumplidos.
En Quintana Roo, la discusión vuelve a colocar sobre la mesa el debate entre las medidas de exhibición pública y la necesidad de establecer sanciones legales más severas y efectivas contra quienes evaden sus responsabilidades alimentarias.
