Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Mientras las cifras de personas desaparecidas continúan creciendo en Quintana Roo, otra crisis avanza silenciosamente dentro de las instalaciones forenses del estado: cientos de cuerpos permanecen sin identificar, reflejando el rezago institucional que enfrentan las autoridades para devolver identidad y respuestas a las víctimas y sus familias.
Aunque los números oficiales varían según la fuente y el periodo de corte, reportes de la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y de colectivos de búsqueda coinciden en que el problema se ha agravado durante los últimos años.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante los primeros meses de 2026 se contabilizaron 186 nuevos reportes de desaparición en Quintana Roo, de los cuales 97 personas continuaban sin ser localizadas.
Sin embargo, la mayor preocupación se concentra en el rezago forense. La Fiscalía estatal informó en 2025 que había realizado estudios y análisis sobre 456 cuerpos relacionados con investigaciones de personas desaparecidas, aunque más de 260 permanecían sin ser identificados o reclamados por familiares.
No obstante, colectivos de búsqueda y activistas advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor y alcanzar entre 700 y 800 cuerpos distribuidos en distintas instalaciones forenses del estado.
La diferencia entre los datos oficiales y los estimados de organizaciones civiles exhibe uno de los principales vacíos del sistema: la falta de claridad pública sobre cuántos cuerpos corresponden a investigaciones activas, cuántos permanecen únicamente como desconocidos y cuántos podrían estar vinculados con desapariciones reportadas en otras entidades del país.
Familiares de víctimas han denunciado de manera constante la lentitud en los procesos de confronta genética, la insuficiencia de personal especializado y la saturación de los servicios periciales.
A ello se suma una condición particular de Quintana Roo: su carácter turístico y la constante movilidad de población proveniente de otros estados y países, situación que complica aún más la identificación de personas y el cruce de información genética.
El crecimiento del rezago también contrasta con los discursos oficiales relacionados con modernización institucional e inversión en infraestructura para la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Mientras se anuncian nuevos equipos y mejoras operativas, cientos de familias continúan sin saber si alguno de los cuerpos bajo resguardo corresponde a sus seres queridos desaparecidos.
Colectivos de búsqueda sostienen que la crisis no puede medirse únicamente mediante estadísticas, ya que detrás de cada cuerpo sin identificar existe una historia interrumpida y una familia atrapada entre la incertidumbre, la burocracia y la falta de respuestas.
Especialistas y activistas advierten además que el aumento de cuerpos no identificados suele convertirse en un indicador indirecto de violencia, impunidad y colapso institucional, particularmente cuando las capacidades periciales son rebasadas por el número de casos que ingresan a las morgues.
En Quintana Roo, el problema ya dejó de ser únicamente un tema de seguridad pública: se ha transformado en una crisis humanitaria y forense que continúa creciendo sin una solución de fondo visible.
