Por: Victoria Castro Chávez
Los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025 revelan un panorama de contrastes para el Congreso de Quintana Roo. Mientras la entidad destaca por mantener una de las tasas de reelección más altas del país, su volumen de trabajo en la presentación de iniciativas se sitúa significativamente por debajo de la media nacional, lo que abre el debate sobre la eficiencia y el dinamismo de la actual legislatura.
Quintana Roo se ha consolidado como un estado que apuesta por la continuidad. Según los datos del INEGI, el 28.0% de sus legisladores son reelectos. Esta cifra supera con creces el promedio nacional del 19.4% y coloca al estado en el grupo de las 11 entidades con mayor permanencia de sus diputados, solo por debajo de estados como Chihuahua (51.5%) y Baja California (48.0%).
En cuanto a la paridad de género, el Congreso local presenta una ligera inclinación masculina con el 52 por ciento hombres y 48 por ciento mujeres. A diferencia de otras 28 entidades donde las mujeres ocupan el 50% o más de las curules, Quintana Roo se mantiene ligeramente rezagado en este indicador de paridad total.
El punto más crítico para la legislatura quintanarroense aparece al analizar la carga de trabajo y la generación de propuestas. Con apenas 206 iniciativas presentadas durante el periodo evaluado, el estado aporta solo el 1.7% de la producción legislativa nacional.
Al comparar estas cifras con otros congresos de tamaño similar o con liderazgos regionales, la brecha es evidente toda vez que Puebla y Michoacán lideran la productividad con 818 y 787 iniciativas, respectivamente. Jalisco registró 702 propuestas en el mismo periodo, mientras que Quintana Roo, con sus 206 iniciativas, se ubica en el tercio inferior de la tabla nacional, superando apenas a estados con niveles mínimos de actividad como Coahuila con 86 o Chiapas con 102.
La estructura interna del Congreso local también es más compacta que el promedio. Quintana Roo opera con 25 comisiones legislativas, una cifra menor a las 32 que promedian los congresos estatales a nivel nacional.
Finalmente, un dato relevante en materia de control fiscal es que, durante 2024, el Congreso de Quintana Roo no aprobó contrataciones de deuda pública estatal, a diferencia de entidades como Chiapas, que concentró el 35.2% de la deuda aprobada a nivel nacional, o Veracruz y Aguascalientes, que lideraron los montos totales de endeudamiento.
Este balance deja una interrogante abierta: ¿Es la baja producción de iniciativas un reflejo de un trabajo legislativo más selectivo, o se enfrenta el estado a una parálisis que la alta reelección no ha logrado dinamizar?
