Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— Las reformas a la Ley de Movilidad aprobadas por la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, impulsadas por el diputado Filiberto Martínez Méndez, fueron presentadas como un paso hacia la modernización del transporte. Sin embargo, el contenido de los dictámenes revela una realidad distinta: más que abrir el mercado, la reforma fortalece el modelo tradicional de concesiones y limita el margen de crecimiento de las plataformas digitales.
El cambio de fondo no gira en torno a aplicaciones como Uber, sino en el reforzamiento del régimen de taxis concesionados. La modificación al artículo 113 amplía las posibilidades de transmisión de concesiones a familiares, consolidando estos permisos como activos heredables. En términos prácticos, esto garantiza continuidad para los actuales concesionarios, pero reduce la posibilidad de redistribuir permisos o permitir la entrada de nuevos actores.
En paralelo, el Congreso introdujo el concepto de “transición justa”, una figura que, aunque ambigua en su definición, establece que cualquier cambio en el sistema de movilidad debe evitar afectar los ingresos del gremio taxista. Este principio se convierte en un freno político a reformas más profundas, al priorizar la estabilidad del sector tradicional por encima de la apertura del mercado.
Para las plataformas digitales, el avance es marginal. Si bien se reconoce el derecho de los usuarios a elegir su medio de transporte, no se generan condiciones que equilibren la competencia frente a los taxis. Por el contrario, quedan sujetas a un marco regulatorio más amplio, con mayores facultades del Estado para supervisar, sancionar e incluso restringir su operación.
Las reformas también endurecen sanciones y amplían la capacidad de intervención de las autoridades, incluyendo la posibilidad de actuar sin denuncia en ciertos casos. Esto responde a episodios recientes de conflicto en el sector, pero también fortalece el control institucional sobre todos los actores involucrados.
En este escenario, los principales beneficiarios son los sindicatos de taxistas y los actuales concesionarios, quienes no solo mantienen su posición dominante, sino que ahora cuentan con mayores garantías legales para preservar y transferir sus permisos.
El resultado es un modelo de coexistencia controlada: las plataformas no desaparecen, pero tampoco avanzan. La reforma no transforma el mercado, lo administra. Y en ese equilibrio, el peso político termina inclinándose hacia quienes ya estaban dentro del sistema.
