Chetumal, Quintana Roo.— Un tribunal federal echó abajo el acuerdo mediante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) había pactado con José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), para evitarle la cárcel a cambio de la reparación del daño por más de 20 millones de pesos, en un caso vinculado con la Estafa Maestra.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Apelación revocó el convenio negociado entre la FGR y el exfuncionario, al considerar que no existía garantía real de que el daño fuera efectivamente reparado, tal como lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El acuerdo había sido autorizado en noviembre de 2024 por una jueza del Reclusorio Oriente, quien dictó una sentencia abreviada en la que declaró culpable a Pech Galera y le impuso una pena reducida de ocho meses y 29 días de prisión, con el beneficio de no pisar la cárcel a cambio del pago del monto observado. No obstante, la ASF impugnó dicha resolución al señalar que no se acreditó la capacidad económica del imputado para cubrir la reparación del daño.
El tribunal federal dio la razón a la ASF y determinó anular el fallo, por lo que ordenó reanudar el proceso penal, llevar al exrector a audiencia intermedia y, en su caso, someterlo a juicio, donde podría enfrentar una pena mayor.
Según el expediente, José Luis Pech Galera fue vinculado a proceso en abril de 2022 por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de un convenio firmado el 29 de septiembre de 2015, cuando encabezaba la UPQR. Dicho convenio fue celebrado con la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y forma parte del entramado de desvíos conocido como la Estafa Maestra.
La investigación establece que, mediante ese acuerdo, la Sedatu transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad, recursos que posteriormente fueron subcontratados a empresas privadas, sin que se comprobara la correcta prestación de los servicios. De ese monto, 6.8 millones de pesos fueron destinados a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, mientras que el resto fue dispersado a otras compañías.
Durante el proceso judicial también se reveló que Pech Galera fungía como apoderado legal y único firmante de la cuenta bancaria utilizada para administrar los recursos y que, durante su gestión, adquirió tres camionetas Mazda CX3 y una Mazda CX9, con un valor conjunto superior a 1.5 millones de pesos, además de realizar transferencias a diversas empresas.
El tribunal subrayó que, al momento de dictarse la sentencia abreviada, no se acreditó el origen ni la disponibilidad real de los recursos con los que se pretendía cubrir la reparación del daño, por lo que consideró improcedente dar por terminado anticipadamente el proceso.
Con esta resolución, el caso de la Estafa Maestra en Quintana Roo vuelve a la ruta judicial y se abre la posibilidad de que el exrector —hijo de un ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano— enfrente una condena más severa, al tratarse de un delito cometido con recursos públicos federales.
