Ciudad de México.— Diputados federales de Morena, respaldados por el gobierno municipal de Tulum que encabeza Diego Castañón Trejo, presentaron en la LXVI Legislatura una iniciativa para reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de garantizar el acceso libre, gratuito e irrestricto a playas y áreas naturales protegidas en todo el país.
Los legisladores Ricardo Monreal Ávila y Enrique Vázquez Navarro propusieron modificar el artículo 27 y adicionar el artículo 8 Bis, con lo que se establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales de asegurar al menos un acceso público por tramo costero, además de prohibir cuotas o restricciones para ingresar a las playas.
Asimismo, plantearon que el artículo 127 contemple la revocación de concesiones en zonas federales marítimo-terrestres que no garanticen el acceso público. En paralelo, el artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico se modificaría para que la Secretaría del ramo garantice la entrada gratuita a todas las áreas naturales protegidas al menos un día a la semana, preferentemente domingos o días festivos.
El caso Quintana Roo: Tulum como ejemplo
La iniciativa toma como caso paradigmático la situación de Tulum, donde el Parque del Jaguar —creado en 2022 y conformado por 2 mil 913 hectáreas del Parque Nacional Tulum y el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar— impuso cuotas de acceso tanto a la zona arqueológica como a las playas aledañas.
Esta medida, denuncian artesanos, guías y prestadores de servicios, ha reducido el turismo cultural y ecológico. Según datos oficiales, la zona arqueológica de Tulum recibió en el primer semestre de 2025 un total de 628 mil visitantes, cifra 137 mil menor a la registrada en el mismo periodo de 2023, antes del cierre temporal y del cobro adicional.
La baja afluencia ha generado inconformidad social y litigios legales, pues los sectores con menor capacidad económica —incluidas comunidades mayas cercanas— han quedado marginados del acceso a espacios que históricamente eran gratuitos.
Impacto social y turístico
El gobierno de Tulum advierte que la reducción en visitas ha impactado directamente en artesanos, guías y negocios locales que dependen de la afluencia a los vestigios y playas. “No se puede permitir que el disfrute del patrimonio natural y cultural quede sujeto al pago de tarifas elevadas”, señala la justificación de la iniciativa.
De aprobarse, la reforma garantizaría que familias mexicanas y extranjeras continúen disfrutando de playas y áreas naturales sin barreras económicas, además de consolidar a Tulum y Quintana Roo como destinos turísticos accesibles e inclusivos.
