Ciudad de México – El Senado de la República está evaluando modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) que contemplan un nuevo cobro migratorio de 860.56 pesos a los pasajeros de cruceros que ingresen a México. La medida, que excluye únicamente a los miembros de las tripulaciones, busca incrementar la recaudación fiscal a través del turismo, pero ha generado debates sobre su posible impacto en el sector.
La propuesta fue presentada como una reserva por el senador Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo, quien planteó un periodo de transición de 180 días para implementar la nueva disposición. Este tiempo permitiría una adaptación gradual para las líneas de cruceros y los puertos turísticos, asegurando que no se afecte la competitividad de México como destino.
Contexto de la propuesta
Actualmente, los pasajeros de cruceros estaban exentos de este tipo de cobros migratorios. Sin embargo, la medida pretende ajustar el marco tributario relacionado con el turismo para reflejar una mayor equidad en las contribuciones fiscales, sin descuidar el dinamismo del sector turístico, especialmente en destinos clave como Cozumel, Mahahual y Puerto Vallarta.
Consideraciones clave
- Impacto económico: El turismo de cruceros representa una importante fuente de ingresos para diversos destinos del país. La medida podría repercutir en la afluencia de visitantes si no se implementa de manera estratégica.
- Recaudación fiscal: Con este ajuste, se espera reforzar los ingresos públicos, especialmente en un contexto en el que los recursos destinados al turismo son clave para el desarrollo local.
- Adaptación gradual: Los 180 días propuestos por el senador Segura permitirán a las empresas y a las autoridades portuarias planificar adecuadamente la entrada en vigor del impuesto, evitando interrupciones en el flujo de cruceros.
Próximos pasos
La medida será discutida en el Pleno y en las comisiones correspondientes del Senado, con el objetivo de aprobar una política que logre un equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del turismo, un sector vital para la economía mexicana.
Esta propuesta refleja un esfuerzo por mantener a México como un destino competitivo en el turismo internacional mientras se optimizan las contribuciones fiscales derivadas de esta actividad.
