Chetumal.- A pesar de que el Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el municipio de Othón P. Blanco, es claro y firme, donde establece en su capítulo II sobre “Seguridad e Higiene en las obras”, Art. 100: “Servicios a los trabajadores. En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15, y mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios…” lo cierto es que las autoridades municipales de Othón P. Blanco, se pasan por el “arco del triunfo” las disposiciones reglamentarias y al parecer ignoraron convenencieramente, permitiendo que una gran mayoría de las constructoras del sur de Quintana Roo, incurran en malas prácticas y evadan el cumplimiento del citado reglamento de construcción.
Y en Bacalar, la condición no es diferente, sino al contrato, es similar, en el cual existen decenas de construcciones que evaden su responsabilidad sobre las medidas de seguridad e higiene.
Y es que en “letra muerta” ha convertido la Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología en Othón P. Blanco, tales requerimientos en obras de construcción, ya que si bien existe una reglamentación al respecto, evaden aplicarla, cayendo en mal ejercicio de la función pública y complicidad con las empresas constructoras.
En un recorrido, tanto en obras públicas como privadas en Chetumal y Bacalar, se pudo constatar que ninguna obra que se ejecuta en la actualidad cumple con la implementación de sanitarios portátiles o también conocidos como baños ecológicos, por lo que los trabajadores de la construcción tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública o al interior de los espacios en obra. Esta situación provoca el incumplimiento del Art. 100 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el municipio de Othón P. Blanco, además de que origina problemas de imagen urbana y en su caso, se convierte en un problema de salud pública.
La falta de criterio de las constructoras, provoca que los trabajadores del sector defequen u orinen en espacios abiertos y al aire libre, en calles, aceras o cualquier otro punto, donde desafortunadamente transitan ciudadanos, quienes tienen que soportar fétidos y malos olores, además del mal aspecto que crean a la imagen urbana.
Estas malas prácticas insalubres son solapadas por los inspectores de la Dirección Municipal de Construcción, así como de los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes omiten la exigencia al cumplimiento de la reglamentación a los contratistas, o al parecer, presumiblemente se inclinan a aceptar sobornos de corrupción, con tal de permitir la operación irregular de las empresas constructoras.
Tal situación no permite la sanción correspondiente a los empresarios infractores, los cuales van desde una sanción económica, la suspensión temporal de la licencia de construcción y en casos más severos hasta la clausura de la obra.
Por lo que mientras existan empresarios que fomenten la corrupción y funcionarios que los acepten, las leyes solo existirán en impresos y documentos de archivo, usándola a conveniencia, sin que ninguna autoridad haga algo por aplicarla y respetarla.
