Chetumal.-El estado de Quintana Roo, administrado por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, se logró colar en el top 5 de las entidades federativas que siguen violando la Ley de Disciplina Financiera, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que se gastó 273.9 millones de pesos de más en el pago de deudas que acumuló durante 2018.
El documento denominado Gasto Federalizado: Fiscalización superior de la cuenta pública 2019, pone al “gobierno del cambio” en el honroso lugar número cuatro del top cinco de mayor monto de solicitudes de aclaración, con el 8.1 por ciento del total de las observaciones que se hicieron en cuanto al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
En todo el país, se determinó un monto observado por 3,392.7 millones de pesos, cuya mayoría correspondió al estado de Nayarit, que la auditoría federal señala de haber gastado de manera irregular 1,238.5 millones de pesos, es decir, el 36.5 por ciento.
En segundo lugar quedó el estado de Coahuila de Zaragoza que gastó 953.5 millones de pesos, que equivalen al 28.1 por ciento del total de las observaciones.
En el tercer sitio se colocó el estado de Michoacán con 309.3 millones de pesos, es decir, 9.1 por ciento del monto global; seguido del estado de Quintana Roo, a cargo de Carlos Manuel Joaquín González, con el 8.1 por ciento.
El quinto lugar es para Zacatecas que gastó de forma irregular 226.1 millones de pesos (6.7 por ciento), mientras que los otros que también cometieron esa falta fueron Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Baja California Sur, Sonora, Colima y Baja California.
¿Cuál fue la falta en la que incurrió el gobierno de Quintana Roo?
La auditoría federal detectó que la administración del gobernador Carlos Joaquín González, asignó a través de Yohanet Torres Muñoz, actualmente Secretaria de Finanzas y Planeación y oficial mayor, 1,037 millones 381 mil 600 pesos para adeudos que se venían arrastrando desde los primeros años del gobierno actual.
Pero en la revisión de los documentos contables que se entregó a la auditoría se observó que en realidad, el gobierno pagó 1,311 millones 324 mil 500 pesos, un monto que excedió por mucho lo que por ley debería pagarse.
“Solicitud de Aclaración, para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 273,942,853.19 pesos (doscientos setenta y tres millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 19/100 M.N.), por concepto de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, por los que superó el límite del 3.0% establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, mencionó el documento en manos de este medio de comunicación.
Para tratar enderezar las cosas, la Secretaría de la Contraloría comandada por Rafael del Pozo Dergal, inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra los servidores públicos que incurrieron en esa falta.
La investigación quedó registrada en el expediente: SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA0035/2020, el cual envió a la Auditoría Superior de la Federación para tratar de justificar, sin embargo, para la ASF “falta justificar o aclarar el monto excedido respecto del límite establecido para cubrir las ADEFAS”.
Más irregularidades, ahora en la Secretaría de Salud
Además de las violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, por 273.9 millones de pesos, la Secretaría de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, también fue observada por malos manejos por la cantidad de 26.5 millones de pesos.
En este caso, 24.5 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), otros 1.7 millones al programa de Seguro Popular y 149 mil pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
En el FASSA, la dependencia en Quintana Roo sigue haciendo pagos de salarios, compensaciones, y otros beneficios, sin justificación alguna, incluso a personas que cobran en la SESA sin tener algún título que respalde sus conocimientos en materia de salud, o sin que exista la garantía que esas personas a quienes les pagan por ir a las comunidades rurales, de verdad lo hagan.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 21,068,144.70 pesos (veintiún millones sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del fondo a 185 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo, los cuales no presentaron el oficio de autorización de la Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019, el comprobante de domicilio de residencia del sitio de trabajo y el programa de trabajo del personal, así como las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones”, detalló por ejemplo una de las observaciones.
El último informe de la auditoría federal, en medio de la actual pandemia del coronavirus, deja en entredicho lo que ha sostenido el “gobierno del cambio” y secundado siempre el Secretario de la Contraloría, cuando dicen que en este gobierno ya no hay transas de ningún tipo y que Quintana Roo es uno de los que menos observaciones está teniendo.
