Chetumal, Quintana Roo. – La Diputación Permanente de la XV Legislatura dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones del Estado de Quintana Roo, que plantea dotar de autonomía presupuestal al Instituto Estatal contra las Adicciones.
En la sesión número 14, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, se dio lectura a la iniciativa presentada por la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional e integrante del grupo parlamentario del PRI.
La iniciativa de la legisladora propone también que dicho Instituto, sea sectorizado al sector salud, además de precisar y mejorar las funciones de este organismo que aún no entra en operación.
En la misma sesión, se dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Solidaridad para que el Congreso del Estado ratifique el título-concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del Municipio de Solidaridad, para la instalación, puesta en marcha y operación del sistema de movilidad integral, por un periodo de quince años, otorgado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018, a favor de la persona moral denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.”
El sistema de movilidad integral al que hace mención la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Solidaridad, contempla un sistema de regulación del estacionamiento en la vía pública a través de la instalación, explotación, uso y aprovechamiento de parquímetros y el sistema de bicicletas compartidas para dicho municipio.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Previamente, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales se reunieron para analizar los oficios remitidos por el H. Ayuntamiento de Cozumel, donde se solicita a la Legislatura apruebe el Convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía, en virtud de que excede el término constitucional de la actual administración municipal.
Los diputados Ramón Javier Padilla Balam, Gabriela Angulo Sauri y Teresa Sonia López Cardiel, acordaron realizar una consulta a la Auditoría Superior del Estado para que emita una opinión técnica respecto a si es necesaria la intervención, aprobación, validación o ratificación de la Legislatura en el mencionado convenio, toda vez que el Ayuntamiento adquiere una obligación presupuestal con característica plurianual valorando que no representa deuda y que además se carece de facultad por parte de la Legislatura para la aprobación de los presupuestos municipales.
