Javier Chan
Felipe Carrillo Puerto.- La mala utilización de los números de emergencia motivó que cuerpos de seguridad fueran movilizados tras el reporte de una persona fallecida como consecuencia de un accidente carretero cerca de la comunidad de Mixtequilla; efectivos de la Dirección de Seguridad Pública desmintieron el reporte.
Cerca de las 23 horas del domingo una persona alcoholizada realizó un llamado al número de emergencias 066, notificando un supuesto accidente registrado en la vía estatal que une las comunidades mayas de Mixtequilla y Chancah Derrepente, el cual aparentemente tuvo como desenlace el fallecimiento de una persona como consecuencia de las lesiones sufridas.
El reporte fue canalizado a las unidades y cuerpos de seguridad, como policía municipal, policía judicial, agencia del ministerio público y peritos, para que éstos tomaran conocimiento de lo acontecido y realizaran las primeras investigaciones y el levantamiento del supuesto cadáver.
Ante esto las corporaciones policiales sospecharon del llamado debido a que en la zona del presunto accidente no se cuenta con cobertura telefónica, razón por lo cual decidieron no movilizarse hasta que una patrulla de seguridad pública municipal acudiera a confirmar o descartar el hecho.
La unidad enviada recorrió el tramo Mixtequilla – Chancah Derrepente y Mixtequilla – Chan Santa Cruz, sin observar ningún accidente por las zonas, por lo que se informó al resto de las corporaciones sobre la falsa alarma.
Cabe mencionar que minutos más tarde trascendió que de acuerdo al número de emergencias, la llamada que reportó este hecho fue ubicada un algún punto de la colonia Plan de Ayala de esta cabecera municipal, y serán las instancias correspondientes quienes inicien las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en su DECRETO 239 del pasado mes de diciembre, el uso indebido de los Servicios de Emergencia representa sanciones tipificadas como delito, por lo que, las personas que incurran en estas prácticas, pueden hacerse acreedoras de penas a partir de los seis meses, a dos años de prisión, y multas económicas de 50 a 500 días de salario mínimo.
