Inseguridad, denuncias de presunta corrupción, hoteles con habitaciones cerradas y una economía turística bajo presión. Mientras Tulum exige resultados, su presidente municipal parece tener la mirada puesta en el Congreso de la Unión.
Tulum, Quintana Roo.— Hay algo que no termina de cuadrar en Tulum. Mientras empresarios denuncian una caída preocupante de la actividad turística, trabajadores enfrentan incertidumbre laboral y los señalamientos contra funcionarios municipales siguen acumulándose, el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, ya aparece en la carrera política rumbo a una diputación federal en 2027.
Y la pregunta resulta inevitable: ¿qué cuentas pretende entregar antes de buscar otro cargo público?
Porque gobernar no consiste en inaugurar obras, tomarse fotografías y publicar mensajes optimistas en redes sociales. Gobernar también significa responder cuando las cosas salen mal. Y en Tulum hay demasiadas preguntas que todavía esperan respuestas.
El Tulum que no aparece en la propaganda
Durante años, Tulum fue presentado como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en México. La llegada de inversiones, la apertura de hoteles y la construcción de un aeropuerto internacional alimentaron la expectativa de una prosperidad prácticamente interminable.
Hoy el panorama es distinto.
Representantes hoteleros hablan de entre 900 y mil habitaciones fuera de operación. La conectividad aérea enfrenta ajustes y cancelaciones, mientras empresarios y prestadores de servicios advierten sobre una temporada complicada.
Sería injusto atribuir toda esta situación al Ayuntamiento. El turismo depende de factores nacionales e internacionales que ningún presidente municipal controla por completo.
Pero tampoco sería serio pretender que el gobierno local no tiene responsabilidad alguna.
La seguridad, la movilidad urbana, la regulación comercial, la infraestructura municipal y la calidad de los servicios públicos forman parte de las condiciones que determinan si un destino funciona o se deteriora.
Y precisamente ahí es donde Diego Castañón tendría que estar concentrando sus esfuerzos.
Los señalamientos de corrupción no se borran con discursos
Otro frente que pesa sobre la administración municipal son las denuncias por presuntas irregularidades en áreas como Fiscalización y Protección Civil.
En junio, el propio gobierno municipal informó de la separación de nueve servidores públicos por señalamientos relacionados con su actuación.
También han surgido denuncias de empresarios por presuntos cobros indebidos y exigencias de dinero atribuidas a personas vinculadas con funciones de inspección municipal.
Las denuncias deben investigarse y ninguna acusación puede darse por probada antes de que las autoridades competentes determinen responsabilidades.
Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy distinta utilizarla como excusa para guardar silencio.
¿Qué ocurrió con las denuncias presentadas? ¿Cuántos expedientes avanzaron? ¿Hubo sanciones? ¿Se identificaron superiores jerárquicos que conocieran las presuntas irregularidades?
Despedir funcionarios puede ser una medida necesaria. Lo que no puede aceptarse es que una baja administrativa sustituya la obligación de esclarecer los hechos.
Si existieron actos de corrupción, deben identificarse sus responsables. Si las acusaciones resultaron infundadas, también debe informarse.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados.
¿Y la inseguridad?
La seguridad pública continúa siendo uno de los asuntos más delicados para Tulum.
Un destino turístico no puede depender únicamente de su belleza natural cuando residentes, trabajadores y visitantes necesitan condiciones de tranquilidad para desarrollar sus actividades.
El gobierno municipal no tiene competencia exclusiva en el combate a la delincuencia organizada, pero sí participa en las tareas de prevención, vigilancia y coordinación con las autoridades estatales y federales.
Por eso, los resultados de la administración deben evaluarse con indicadores verificables y no solamente con fotografías de reuniones de seguridad.
¿Cuántos delitos se han denunciado? ¿Qué colonias requieren mayor vigilancia? ¿Qué resultados concretos ha tenido la policía municipal?
Son preguntas que merecen respuestas públicas.
La diputación puede esperar; Tulum, no
En medio de este escenario, Diego Castañón ha sido mencionado entre los interesados en la coordinación distrital federal de Morena, una posición vinculada al proceso político rumbo a 2027.
Tiene derecho a aspirar a otro cargo. Como cualquier ciudadano, puede participar en los procedimientos internos de su partido, siempre que cumpla las disposiciones legales y partidistas.
Lo cuestionable no es su aspiración.
Lo cuestionable es que la búsqueda de su siguiente posición política pueda convertirse en una prioridad mientras los problemas de Tulum continúan sin resolverse.
Una diputación federal no debería ser un premio por haber ocupado una presidencia municipal ni una salida cómoda frente al desgaste de una administración.
Tampoco debe asumirse, sin pruebas, que el alcalde busca el cargo para evadir investigaciones. Pero su interés político sí obliga a plantear una pregunta legítima: ¿está dispuesto a rendir cuentas de su gestión antes de pedir una nueva oportunidad?
Porque quien aspira a representar a los ciudadanos desde el Congreso debería comenzar por demostrar que puede responderles desde el Ayuntamiento.
El verdadero examen de Diego Castañón
Tulum no necesita más discursos sobre transformación mientras sus problemas cotidianos siguen esperando soluciones.
Necesita claridad sobre las denuncias contra servidores públicos, resultados verificables en seguridad, una estrategia municipal para enfrentar el deterioro de la actividad económica y transparencia sobre el ejercicio del presupuesto.
También necesita un presidente municipal que entienda que el cargo que ocupa no es una estación de paso hacia una posición política más conveniente.
El electorado no debería evaluar a sus gobernantes solamente por sus relaciones partidistas o su capacidad para conseguir respaldo en las cúpulas políticas.
Debería evaluarlos por los resultados que entregan.
Y si Diego Castañón quiere convertirse en diputado federal, tendrá que explicar qué hizo por Tulum, qué problemas resolvió y cuáles siguen pendientes bajo su responsabilidad.
Porque antes de pedir votos para llegar al Congreso, hay que responder por el gobierno que se tiene en las manos.
El problema de Tulum no es que su alcalde tenga aspiraciones políticas.
El problema sería que termine su administración pensando más en su futuro personal que en el futuro del municipio que prometió gobernar.
Y esa cuenta, tarde o temprano, se presenta ante los ciudadanos.
