Agrupación alega violencia; la SCJN ya atrajo los casos
Mérida.- Habitantes de Mérida, Chocholá y Mocochá, municipios de Yucatán, demandaron en diciembre de 2020 a sus respectivos Ayuntamientos por haber colocado “nacimientos de Jesucristo” propios de religión, en edificios públicos, gubernamentales, alegando violencia contra el Estado Laico, lo que generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera las querellas.
Las demandas fueron atraídas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarlas, según esa instancia, relevantes y trascendentes.
Según los denunciantes, representados por la Asociación de Derechos Humanos Kanán, la colocación de los nacimientos de Jesucristo representa una violación al derecho a la igualdad y no discriminación, las libertades de creencias y religión, así como el principio de laicidad estatal que permea a todas las instituciones del país.
La ministra Norma Piña Hernández, solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte que atrajera los tres amparos, pues representan casos relevantes y trascendentes.
Ante esto, en sesión de 20 de abril, la Primera Sala decidió atraer los casos señalados por una mayoría de tres votos, uno en contra, y, también, una ausencia.
La resolución señala que el caso podría ayudar a desarrollar criterios obligatorios para todo el país sobre el núcleo duro de la protección a la libertad de creencias y religión, así como del principio de laicidad estatal, y así evitar que el Estado tome partido por determinadas ideologías, para así asegurar la convivencia armónica de todas las formas de pensar.
La resolución igualmente recuerda que el derecho a la libertad religiosa comprende tanto la protección de quienes practican alguna religión, así como de quienes no la hacen. Es decir, como parte de este derecho se encuentra la protección de ideologías o formas de pensar distintas a la católica.
De acuerdo con la citada asociación, este asunto es de suma importancia para el estado de Yucatán y el resto del país, «donde todavía se pone en duda la laicidad de las instituciones públicas que profesan sus religiones desde puestos de poder, sin mantener la neutralidad religiosa».
