Por Mario Castillo Rodríguez
Chetumal.-Indignados y decepcionados del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), porque hace más de 15 años no han podido atender el problema de legalización de sus tierras, alrededor de 50 hombres y mujeres de campo provenientes de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Solidaridad, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron afuera de las instalaciones de dicha dependencia, misma que está a cargo de Raúl Omar González Castilla.
El líder de la Central Unitaria de Trabajadores Campesinos y de la Organización Nacional del Poder Popular, Juan Carlos Cobos Álvarez, manifestó que son más de 300 familias las que a la fecha se encuentran afectadas ante la cerrazón e incapacidad de dicha autoridad, pues ésta desconoce los acuerdos tomados por ambas agrupaciones en el año 2012 con autoridades del centro del País.
“Somos alrededor de 1 mil 200 personas que estamos en la incertidumbre legal de nuestros predios agrarios porque quien hoy tiene en sus manos las riendas de la dependencia no está conectado con el centro del país, en el año 2102 llegamos a un acuerdo con el actual Director Nacional de la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas Monroy, y que conoce a bien nuestra causa, pero a la fecha a nivel local no han sido capaces de darnos solución porque viven en otro mundo, uno muy ajeno al que les compete”, expuso.
Abundó Cobos Álvarez que esta situación también se manifiesta en otras entidades como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Tabasco, pero en el caso particular de Quintana Roo el problema es que carecen de voluntad política para darle curso a una demanda que ha visto incluso morir a más de 5 miembros de dichas agrupaciones, por lo que hoy sus familias navegan en la incertidumbre sin ver un título agrario.
Por tal motivo, los inconformes señalaron permanecerán en plantón frente a alza oficinas de la Sedatu (en Chetumal) el tiempo que sea necesario para hacer valer sus derechos, ya que –señalaron- el Gobierno Federal pretende despojarlos de sus tierras, toda vez que en legislaturas federales recientes se modificó el Artículo 27 Constitucional, con lo que se da facultad a los extranjeros de apropiarse tierras nacionales.
