Chetumal.- Se sabe que diversas dependencias en los tres órdenes de gobierno se han convertido durante años en fábricas de millonarios para funcionarios que posicionados en el cargo dirigen a modo programas públicos, adquisiciones y adjudicaciones de obras de infraestructura en favor de ciertas personas o empresas a cambio “ganancias” adicionales.
Hemos conocido casos pútridos los cuales se han asomado a la luz pública a través de investigaciones espectaculares de periodistas o activistas sociales cuyo desenlace se ha vuelto en el sello de corrupción de los gobiernos.
Y esto, tristemente se reafirma en el Gobierno de México al frente de AMLO con su auto llamada “Cuarta Transformación (4T.)”, donde en su gestión no han pasado desapercibido los escándalos de funcionarios de primer, segundo y tercer nivel que han salpicado al supuesto mandato de la “Esperanza” y del exterminio de la corrupción.
Juan Manuel Portal, ex auditor Superior de la Federación, afirmó que el gobierno “Lopezobradorista” ha violado la Constitución y la corrupción en nuestro país sigue siendo una constante, toda vez que se ha otorgado un 78.5% de las compras por adjudicación directa, es decir, sin licitar ni libre competencia.
Esto, desde luego, genera sospechas de turbios manejos de los recursos públicos y promueve el oscurantismo y la falta de transparencia, la cual debe ser erradicada de las prácticas si es que se desea alcanzar confianza ciudadana.
En los contratos directos de la administración federal destacan personajes cercanos al mandatario: su prima Felipa Obrador, el hijo de Manuel Bartlett y el hermano de Zoé Robledo.
El gobierno de AMLO es un ejemplo de corrupción, cuando los líneas discursivas desde el principio ha sido que la corrupción y la impunidad ha sido erradicada cuasi por “varazo mágico”. Lo cierto es que contrario a las declaraciones, los hechos reafirman lo contrario y se exhibe un hedor a podredumbre similar a los de la ”mafia del poder”.
