GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (15 de febrero de 2016) – El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas Juan E. Méndez urgió hoy al Gobierno de México a efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el Penal de Topo Chico, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.
Según se ha informado, 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas durante un altercado entre reclusos en el Penal de Topo Chico, Nuevo León, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11.
“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos,” señaló el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico”, dijo el experto, quien respaldó a su vez la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para atraer el caso e investigar los hechos.
El Sr. Méndez inspeccionó el Penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014. “Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”, dijo. “También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”.
En su informe Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.
“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el Relator Especial.
El experto de la ONU recordó que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad.
“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal”, dijo.
El Relator Especial de la ONU recalcó que el Estado está obligado a salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. “Sin embargo”, concluyó, “esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de las personas privadas de la libertad, también abarca el deber positivo de protegerles de ataques contra la vida y la integridad provenientes de otras personas detenidas”
