La expresidenta municipal del entonces Solidaridad fue detenida en la Ciudad de México. La Fiscalía de Quintana Roo investiga irregularidades en tres licitaciones para el lavado de vehículos oficiales durante su administración.
Playa del Carmen, Quintana Roo.— Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal del entonces Solidaridad, hoy Playa del Carmen, fue detenida la noche del jueves en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían ocasionado un perjuicio superior a los 62 millones de pesos al patrimonio municipal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que la captura se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de una investigación por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El caso gira en torno a tres licitaciones públicas otorgadas a un particular entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda, para prestar servicios especializados de lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Más de 62 millones de pesos bajo investigación
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos investigados generaron un presunto perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos, debido al incumplimiento de los servicios acordados y a la falta de documentación que respaldara los pagos efectuados.
Uno de los datos que llama la atención es la cantidad de lavados registrados frente al número de vehículos disponibles.
La dependencia municipal contaba entonces con un parque vehicular de apenas 123 unidades. Sin embargo, los registros señalaban hasta 865 lavados en un solo mes, lo que equivale a un promedio aproximado de siete servicios por vehículo durante ese periodo.
La Fiscalía también destacó que la empresa contratada contaba únicamente con 15 empleados, mientras que los registros de servicios contemplaban actividades sin días de descanso.
Estas circunstancias forman parte de las inconsistencias que las autoridades buscan esclarecer.
Pagos sin comprobación y funcionarios que no supervisaron
La investigación también apunta a la falta de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos.
Pese a esa situación, según la Fiscalía, continuaron realizándose pagos que no habrían contado con el respaldo documental exigido por la legislación aplicable.
La autoridad ministerial señaló además posibles omisiones de servidores públicos que tenían entre sus responsabilidades revisar el cumplimiento de los contratos.
De acuerdo con las indagatorias, los funcionarios involucrados no habrían verificado adecuadamente la prestación de los servicios ni comprobado que existiera la documentación necesaria para justificar los recursos ejercidos.
El señalamiento abre una línea de investigación que no se limita a la expresidenta municipal, sino que también involucra la actuación de quienes participaron en la contratación, supervisión y autorización de los pagos.
La detuvieron en la Ciudad de México
El Registro Nacional de Detenciones consigna que Roxana Lili Campos Miranda fue detenida el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 19:47 horas, en la demarcación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
El documento consultado por El Punto Sobre la i señala su puesta a disposición ante una autoridad federal en Tacubaya, mientras que la Fiscalía de Quintana Roo confirmó, mediante el comunicado proporcionado a este medio, que se trató del cumplimiento de una orden de aprehensión en coordinación con la SSPC.
La detención ocurre poco más de dos años después de que Campos Miranda concluyera su administración municipal, correspondiente al periodo 2021-2024.
Falta conocer la situación jurídica de la exfuncionaria
Hasta la información disponible en el comunicado, la Fiscalía no ha precisado si la expresidenta municipal ya compareció ante un juez de control, si se formuló una imputación formal o si se determinó alguna medida cautelar.
Tampoco se ha identificado públicamente, en la información proporcionada, a la empresa beneficiada con las tres licitaciones ni se han detallado los montos individuales de los contratos.
El monto superior a 62 millones de pesos corresponde al presunto perjuicio económico señalado por la Fiscalía y no constituye, por sí mismo, una cantidad judicialmente acreditada como desviada o apropiada por la exfuncionaria.
La orden de aprehensión tampoco representa una declaración de culpabilidad. Roxana Lili Campos Miranda mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento penal.
El caso coloca bajo investigación el manejo de recursos públicos durante la administración del entonces municipio de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, y deja pendiente una pregunta fundamental: cómo se autorizaron y pagaron servicios millonarios sin que, de acuerdo con la Fiscalía, se acreditara debidamente su cumplimiento.



