El diputado propone reformar la Ley de Movilidad de Quintana Roo para impedir que vehículos de transporte utilicen las vialidades como talleres, depósitos o patios de encierro. Sin embargo, reglamentos municipales ya contemplan prohibiciones y sanciones para algunas de estas prácticas.
Chetumal, Quintana Roo.— En Quintana Roo, el problema de los vehículos que invaden banquetas, ocupan calles durante largos periodos o convierten espacios públicos en talleres improvisados no necesariamente comienza por la falta de leyes. En algunos municipios ya existen disposiciones para sancionar estas conductas. La pregunta es por qué siguen ocurriendo.
En ese escenario surge la iniciativa del diputado Santiago Frías Canché, quien propone modificar el artículo 220 y adicionar el 220 Bis de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, con el objetivo de impedir que vehículos destinados al transporte público, privado y mercantil utilicen habitualmente las vialidades como patios de encierro, talleres o depósitos permanentes.
La propuesta, presentada durante la sesión ordinaria número 22 de la XVIII Legislatura, busca fortalecer la seguridad vial, mejorar la visibilidad y garantizar el libre tránsito de peatones y automovilistas.
El propósito puede responder a una problemática real. Sin embargo, también abre un cuestionamiento sobre el trabajo legislativo: ¿hace falta una nueva disposición o que las autoridades apliquen las que ya existen?
Prohibiciones que ya están contempladas
Un ejemplo se encuentra en el municipio de Benito Juárez, donde el artículo 119 de su Reglamento de Tránsito, conforme al texto citado en el planteamiento, establece restricciones para realizar reparaciones mecánicas en la vía pública, salvo situaciones de emergencia.
La disposición también prohíbe que los talleres utilicen las calles como extensión de sus establecimientos y contempla sanciones económicas de entre 15 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de medidas para retirar vehículos que incumplan las restricciones.
El reglamento municipal también contiene prohibiciones relacionadas con el estacionamiento sobre banquetas, camellones y otros espacios destinados a la circulación peatonal, así como mecanismos para atender vehículos abandonados.
Esto significa que una parte de las conductas señaladas en la iniciativa estatal ya tiene regulación municipal.
Aunque las disposiciones no necesariamente tienen el mismo alcance, la coincidencia obliga a revisar si existe un vacío jurídico que justifique la reforma o si el problema principal está en la vigilancia y aplicación de las normas vigentes.
¿Cuántas multas se han aplicado?
Antes de incorporar nuevas prohibiciones, sería pertinente conocer los resultados de las que actualmente existen.
¿Cuántos talleres han sido sancionados por ocupar la vía pública? ¿Cuántos vehículos han sido retirados por obstruir banquetas? ¿Cuántas unidades de transporte han recibido multas por utilizar calles como estacionamientos permanentes?
Las respuestas permitirían conocer si los mecanismos actuales son insuficientes o si las autoridades responsables no están ejerciendo plenamente sus facultades.
Sin un diagnóstico sobre la aplicación de los reglamentos, existe el riesgo de que una nueva reforma incremente las obligaciones legales sin producir cambios visibles en las calles.
Una reforma que debe demostrar su utilidad
La propuesta de Santiago Frías podría tener un alcance distinto al de las normas municipales si establece reglas específicas y homogéneas para los vehículos destinados al transporte en todo Quintana Roo.
Esa posibilidad merece analizarse, especialmente si existen municipios donde la regulación resulta insuficiente o donde las competencias entre autoridades no están claramente definidas.
Pero precisamente por ello, el legislador tendría que explicar cuáles son los vacíos que busca corregir, qué sanciones se aplicarían, qué autoridades serían responsables y cómo se evitaría duplicar procedimientos administrativos.
También sería necesario conocer si la iniciativa contempla mecanismos efectivos de coordinación entre el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y las autoridades municipales de tránsito.
De lo contrario, la reforma podría terminar sumándose a un conjunto de disposiciones cuya aplicación depende de instituciones que ya enfrentan dificultades para mantener despejados los espacios públicos.
El trabajo legislativo debe medirse por resultados
La discusión no consiste en negar la necesidad de regular el uso de las vialidades. Se trata de determinar si la solución está en modificar la ley estatal o en exigir el cumplimiento de las disposiciones existentes.
Para los ciudadanos que diariamente encuentran banquetas bloqueadas, vehículos abandonados o talleres ocupando espacios de circulación, la diferencia entre una norma municipal y una estatal importa menos que la posibilidad de transitar sin obstáculos.
La iniciativa de Santiago Frías Canché deberá demostrar que ofrece herramientas adicionales y no solamente reproduce prohibiciones que ya forman parte del marco jurídico.
Porque el verdadero desafío no es llenar las leyes de nuevas restricciones, sino conseguir que las autoridades hagan cumplir las que están vigentes.
Las calles no se liberan con iniciativas presentadas en tribuna, sino con vigilancia, sanciones efectivas y autoridades que asuman su responsabilidad.



