Magistrados, especialistas y representantes de ambos países analizaron la responsabilidad del Estado por daños a particulares, las sanciones a servidores públicos y la independencia de los tribunales.
Cancún, Quintana Roo.— ¿Quién responde cuando una autoridad perjudica a un ciudadano? ¿Cómo garantizar que los servidores públicos rindan cuentas por sus actos? Estas fueron algunas de las preguntas centrales del encuentro binacional sobre justicia administrativa que reunió en Cancún a magistrados y especialistas de México y Colombia.
Las mesas de análisis, organizadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (CNTFJA), se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Cancún.
La realización del encuentro contó con la gestión del magistrado Marco Polo Carballo Calva, integrante del TFJA en Quintana Roo, quien fungió como enlace para llevar a cabo las actividades en el destino turístico.
Cuando el Estado causa daños, ¿quién paga?
Uno de los principales temas fue la responsabilidad patrimonial del Estado, un mecanismo jurídico que permite a los particulares reclamar una indemnización cuando sufren daños derivados de una actividad administrativa irregular.
Los especialistas compararon los sistemas legales de México y Colombia, particularmente los requisitos para demostrar que una actuación de la autoridad provocó un perjuicio, la manera de calcular las indemnizaciones y los criterios judiciales para garantizar una reparación integral.
La discusión resulta relevante porque los ciudadanos pueden enfrentar afectaciones económicas o patrimoniales como consecuencia de decisiones administrativas irregulares, sin que siempre conozcan los mecanismos legales disponibles para reclamar una compensación.
Sanciones a funcionarios y combate a la impunidad
La segunda mesa abordó los procedimientos para investigar y sancionar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas.
A partir de la experiencia de los tribunales especializados de México y de la jurisdicción administrativa colombiana, los participantes examinaron los desafíos para reunir pruebas suficientes, garantizar investigaciones adecuadas y respetar tanto el debido proceso como la presunción de inocencia.
El análisis puso sobre la mesa uno de los principales desafíos institucionales: lograr que las irregularidades en el ejercicio de la función pública sean investigadas y, cuando corresponda, sancionadas conforme a la ley.
También se discutió la importancia de evitar que los procedimientos administrativos se conviertan en instrumentos de presión política o se desarrollen sin las garantías legales necesarias.
Tribunales independientes frente al poder público
En la tercera mesa, los especialistas reflexionaron sobre la función de los tribunales administrativos y los órganos de fiscalización como mecanismos de control frente al ejercicio del poder.
Durante el encuentro participó Irving Espinosa Betanzo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien destacó la necesidad de contar con instituciones jurisdiccionales sólidas e independientes.
Asimismo, subrayó la importancia de incorporar perspectivas de género, infancia y cosmovisión en la impartición de justicia, con el propósito de atender las circunstancias particulares de las personas involucradas en los procedimientos judiciales.
Los participantes coincidieron en que la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la integridad institucional y la independencia judicial son elementos fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana.
Especialistas de ambos países intercambian experiencias
Entre los participantes estuvieron la magistrada federal María del Rosario Cervantes García; el magistrado Marco Polo Carballo Calva; el especialista en Derecho Administrativo Wilson Ruiz Orejuela; el magistrado del Consejo de Estado de Colombia, Jorge Edison Portocarrero Banguera; la contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas de Colombia, Jenny Lindo Díaz, y el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Julián Enrique Pinilla Malagón.
El encuentro también se desarrolló en el contexto de las actividades conmemorativas por los 90 años del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución que recientemente recibió un reconocimiento entregado por la gobernadora Mara Lezama, según la información de los organizadores.
Más allá del intercambio académico, las mesas dejaron planteada una discusión de interés público: la necesidad de que los ciudadanos cuenten con instituciones capaces de revisar las decisiones de las autoridades y exigir responsabilidades cuando se cometan irregularidades.
Porque la justicia administrativa no solamente debe resolver conflictos entre ciudadanos y gobierno; también debe garantizar que el ejercicio del poder público esté sujeto a la ley y que los abusos puedan tener consecuencias.
