Raciel López Salazar presumió una reducción de hasta 60 por ciento en los homicidios, 169 detenidos por extorsión y más personal para la búsqueda de desaparecidos. También solicitó mayores recursos. Sin embargo, la comparecencia dejó preguntas pendientes sobre el ejercicio del presupuesto, la eficacia de las investigaciones y los resultados reales en materia de justicia.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, llegó al Congreso de Quintana Roo con cifras de detenciones, operativos, reducción de homicidios y avances en investigaciones. También llevó una petición: más dinero para el funcionamiento de la institución.
Lo que encontró fue una comparecencia marcada por felicitaciones, reconocimientos y cuestionamientos que, en varios casos, retomaron información que el propio funcionario acababa de presentar.
La sesión ante la Comisión de Justicia de la XVIII Legislatura, realizada con motivo del Cuarto Informe de la Fiscalía General del Estado, dejó una pregunta incómoda: ¿los diputados acudieron a fiscalizar los resultados de la procuración de justicia o simplemente a escuchar un informe y felicitar a su titular?
Porque una cosa es reconocer los avances que pueda registrar una institución y otra muy distinta es renunciar a examinar sus resultados, especialmente cuando se trata de una dependencia responsable de investigar homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios y otros delitos que afectan directamente a las familias quintanarroenses.
Presumen reducción de homicidios, pero faltan explicaciones
Uno de los principales resultados expuestos por Raciel López Salazar fue la disminución de los homicidios en Quintana Roo, que, según informó, alcanza hasta un 60 por ciento.
La cifra es relevante. Una reducción de esa magnitud representaría un avance importante en materia de seguridad. Sin embargo, el porcentaje por sí solo no explica toda la situación.
¿Respecto a qué periodo se registra esa disminución? ¿Cuántos homicidios se contabilizaban antes y cuántos ahora? ¿En qué municipios se concentró la reducción? ¿Qué ocurrió con las investigaciones de los homicidios que sí se cometieron?
Estas son algunas de las preguntas que permiten evaluar si la disminución responde a una tendencia sostenida y qué resultados ha obtenido específicamente la Fiscalía.
No basta con presentar un porcentaje favorable. La ciudadanía tiene derecho a conocer las cifras completas y la metodología utilizada para calcularlo.
También es necesario distinguir entre la reducción de los delitos y la capacidad de la Fiscalía para investigarlos. Una disminución de homicidios no significa, por sí misma, que se hayan esclarecido los casos pendientes.
Detenciones no son lo mismo que sentencias
Durante su exposición, el fiscal destacó la detención de 169 personas por extorsión, además de acciones contra la trata de personas, los feminicidios y otros delitos de alto impacto.
Los operativos y las detenciones forman parte del trabajo de procuración de justicia, pero representan solamente una etapa del proceso.
La pregunta de fondo es cuántas investigaciones han logrado sostenerse ante los tribunales y cuántas concluyeron con sentencias condenatorias.
La Fiscalía también ha reportado miles de detenciones y cientos de sentencias. Sin embargo, para evaluar esos resultados es necesario conocer los periodos correspondientes, los delitos involucrados y la relación entre las investigaciones iniciadas y los asuntos efectivamente resueltos.
Una Fiscalía no puede medir toda su eficacia por el número de personas detenidas. Su responsabilidad también consiste en integrar investigaciones sólidas, esclarecer delitos y procurar justicia para las víctimas.
Ese era uno de los asuntos que merecía una revisión más rigurosa durante la comparecencia.
Pide más presupuesto, pero ¿dónde quedó la revisión del dinero ya recibido?
Raciel López Salazar aprovechó su intervención ante los legisladores para insistir en la necesidad de incrementar el presupuesto de la institución.
Argumentó que se requieren recursos adicionales para combustible, viáticos, capacitación y el pago de la nómina de 250 nuevos servidores públicos incorporados a la Fiscalía.
La solicitud abre otro tema que debió ocupar un lugar central en la sesión: el destino y aprovechamiento del presupuesto que ya recibe la dependencia.
Para 2026, la Fiscalía cuenta con un presupuesto aprobado de aproximadamente 1,702 millones de pesos.
Ante una cantidad de esa magnitud, lo mínimo que corresponde al Congreso es revisar cuánto se ha ejercido, qué áreas concentran el gasto, cuáles son las necesidades que permanecen sin cubrir y qué mejoras concretas se han obtenido con los recursos disponibles.
También debería conocerse cuántos de los 250 nuevos trabajadores fueron destinados a ministerios públicos, servicios periciales, policía de investigación o áreas administrativas.
No se trata de negar recursos a la procuración de justicia. Se trata de establecer si los incrementos presupuestales están acompañados de mejores investigaciones, mayor capacidad de atención y resultados verificables.
Pedir más dinero puede estar justificado; concederlo sin examinar a fondo cómo se ha utilizado el anterior sería una omisión de los legisladores.
Desaparecidos: más personal y operativos, pero ¿cuántas personas fueron localizadas?
Otro de los puntos destacados por el fiscal fue el fortalecimiento de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas.
Según explicó, anteriormente estaban integrados por 10 elementos y actualmente cuentan con 35, además de utilizar herramientas tecnológicas y desarrollar operativos terrestres y acuáticos.
También informó sobre 78 operativos de búsqueda realizados recientemente.
Son datos que reflejan una ampliación de las capacidades operativas. Pero para las familias que buscan a sus seres queridos, el resultado más importante no es únicamente cuántos elementos participan o cuántas jornadas se realizan.
Lo fundamental es saber cuántas personas han sido localizadas, cuántas continúan desaparecidas y qué avances registran las investigaciones.
El fortalecimiento de los grupos de búsqueda debe evaluarse junto con sus resultados, no solamente por el incremento de personal y equipo.
Una comparecencia entre reconocimientos y preguntas repetidas
Mientras el fiscal exponía sus resultados mediante cifras y materiales audiovisuales, los diputados tenían la oportunidad de contrastar la información, solicitar aclaraciones y exigir explicaciones sobre los problemas que enfrenta la procuración de justicia.
Sin embargo, la jornada estuvo marcada por un tono favorable hacia el funcionario.
Durante la ronda de intervenciones, los legisladores Saulo Aguilar Bernés, José María Chacón, Rubén Carrillo, Silvia Dzul y Andrea González formularon reconocimientos y preguntas sobre asuntos que, de acuerdo con lo observado en la sesión, ya habían sido abordados durante la exposición.
Esto llevó al fiscal a reiterar información relacionada con operativos, resultados institucionales, inversiones y necesidades presupuestales.
En la parte final también intervino Jorge Sanén, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.
El problema no es que un diputado reconozca un resultado favorable. El problema surge cuando los reconocimientos ocupan el espacio que debería destinarse a revisar críticamente la información presentada.
Una comparecencia no tendría que convertirse en un acto de confrontación, pero tampoco en una ceremonia de felicitaciones.
Los diputados no están obligados a cuestionar por cuestionar. Sí tienen la responsabilidad de pedir cuentas sobre el uso de recursos públicos y el desempeño de las instituciones.
La justicia no se mide por los aplausos
La comparecencia dejó cifras que merecen atención y resultados que deben analizarse con seriedad. La reducción de homicidios, las detenciones por extorsión y el fortalecimiento de las áreas de búsqueda son asuntos relevantes para Quintana Roo.
Pero también quedaron pendientes preguntas sobre la efectividad de las investigaciones, el esclarecimiento de delitos, la atención a víctimas y el presupuesto que la Fiscalía solicita ampliar.
La función del Congreso no termina cuando un funcionario concluye su presentación. Precisamente ahí debería comenzar el examen de los datos.
Los legisladores tienen facultades para solicitar información adicional, revisar el ejercicio del gasto y dar seguimiento a los compromisos institucionales. Una comparecencia sin ese escrutinio pierde buena parte de su utilidad pública.
Raciel López Salazar salió del Congreso después de exponer sus resultados y plantear sus necesidades presupuestales. Lo que no quedó suficientemente claro es si los diputados sometieron esas cifras al nivel de revisión que merece una institución encargada de procurar justicia.
Porque los homicidios no se esclarecen con felicitaciones, las familias de desaparecidos no encuentran respuestas en los aplausos y las víctimas de delitos no obtienen justicia por la buena relación entre funcionarios y legisladores.
Quintana Roo necesita una Fiscalía que rinda cuentas con resultados verificables, pero también un Congreso que se atreva a examinarlos.
