El funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo habría utilizado su cargo para ofrecer protección a una red de prostitución, cobrar cuotas y quedarse con la mitad de las ganancias de las víctimas.
Cancún, Quintana Roo.— Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue detenido por su probable participación en delitos de trata de personas, en las modalidades de prostitución ajena y explotación sexual, cometidos presuntamente contra dos mujeres de 18 y 25 años.
El detenido, identificado como Ulises Fernando «N», de 30 años, habría aprovechado su posición dentro de la institución encargada de procurar justicia para operar un esquema de explotación sexual y obtener beneficios económicos.
El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó la detención durante la conferencia de seguridad del lunes 19 de octubre y explicó que las investigaciones permitieron identificar la presunta participación del servidor público.
De acuerdo con las indagatorias, el funcionario habría difundido fotografías de las víctimas en plataformas digitales y en al menos 11 grupos de WhatsApp para ofrecer encuentros sexuales en inmuebles de Cancún.
Las autoridades sostienen que presuntamente obligaba a las mujeres a prestar servicios sexuales, les imponía multas y les exigía pagos por el uso de los espacios donde se realizaban los encuentros.
Además, habría utilizado su condición de funcionario de la Fiscalía para ofrecer supuesta protección a cambio de retener el 50 por ciento de los ingresos obtenidos.
Rescatan a dos mujeres durante cateos
La investigación está relacionada con operativos efectuados en dos inmuebles ubicados en las supermanzanas 23 y 520 de Cancún.
En esas diligencias participaron elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Las autoridades localizaron a dos mujeres consideradas posibles víctimas de trata de personas y aseguraron indicios relacionados con la investigación.
Según la información presentada por la Fiscalía, el ahora detenido también habría instruido a las mujeres para realizar depósitos en tiendas de conveniencia, presuntamente con la intención de dificultar la identificación de los movimientos de dinero.
Con los datos de prueba reunidos, agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión contra el servidor público, quien quedó a disposición de un juez de control.
Bajo investigación, un funcionario encargado de procurar justicia
El caso adquiere especial gravedad institucional porque el señalado desempeñaba funciones dentro del Ministerio Público, una de las áreas responsables de investigar delitos y proteger a las víctimas.
La investigación deberá esclarecer si el funcionario utilizó recursos, información o relaciones institucionales para facilitar las actividades que se le atribuyen.
También será necesario determinar si otras personas participaron en el presunto esquema de explotación y si existieron omisiones de supervisión dentro de la Fiscalía.
Durante la misma conferencia, López Salazar afirmó que la institución mantiene un proceso de depuración de personal, con cientos de bajas y cambios de adscripción.
Sin embargo, la detención plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno y la detección de conductas delictivas entre quienes tienen la obligación de perseguirlas.
El agente detenido conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
La Fiscalía tendrá que esclarecer no solamente la responsabilidad individual del acusado, sino también si su posición dentro de la institución permitió que el presunto esquema de explotación funcionara sin ser detectado.
