El sector turístico de Quintana Roo advierte que el aumento del Derecho de No Residente a mil 158 pesos podría restar competitividad al Caribe mexicano, afectar empleos y encarecer las vacaciones. Mientras el Gobierno Federal busca recaudar más, la propuesta de distribución de los recursos deja fuera la promoción turística.
Cancún, Quintana Roo.— México pretende cobrar más a los turistas extranjeros que ingresen al país, pero no contempla destinar una parte de esa recaudación a convencerlos de que sigan visitándolo. Esa es la contradicción que ha encendido las alarmas entre los principales organismos hoteleros y empresariales del Caribe mexicano, que este lunes dirigieron una advertencia a los senadores de Quintana Roo ante la discusión del Paquete Económico 2027.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, respaldados por decenas de organizaciones vinculadas con el turismo, el comercio y los servicios, cuestionaron el incremento del Derecho de No Residente (DNR), una medida que, advierten, podría terminar perjudicando precisamente a la actividad económica de la que depende buena parte de Quintana Roo.
La minuta aprobada por la Cámara de Diputados, según el documento empresarial, plantea elevar el cobro de 983 a mil 158 pesos por visitante extranjero, es decir, 175 pesos adicionales, equivalentes a un incremento del 17.8 por ciento.
A primera vista, el aumento podría parecer menor frente al costo total de unas vacaciones internacionales. Sin embargo, los empresarios advierten que no se trata de un cobro aislado.
A este incremento se sumaría un ajuste del 10 por ciento en los derechos por uso del espacio aéreo mexicano, además de las variaciones cambiarias y otros gastos asociados con los viajes.
El resultado, sostienen, podría ser un México más caro frente a otros destinos del Caribe que compiten por los mismos visitantes.
Cobrar más sin invertir en atraer turistas
El punto más cuestionado de la propuesta no es únicamente el incremento del derecho migratorio, sino el destino de los recursos que pretende recaudar el Gobierno Federal.
De acuerdo con la distribución señalada por los organismos empresariales, el 57 por ciento de los ingresos del DNR se canalizaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración y el 28 por ciento a la Tesorería de la Federación.
Para promoción turística, la asignación específica sería de cero por ciento.
Ahí se encuentra el centro de la inconformidad empresarial.
Durante años, parte de los recursos provenientes del turismo contribuyó al financiamiento de campañas de promoción internacional. La lógica era sencilla: atraer visitantes generaba ingresos que, a su vez, permitían promover nuevamente los destinos mexicanos.
Ahora, mientras se plantea elevar el cobro a quienes visitan el país, el sector hotelero advierte que no existe una asignación directa para fortalecer la presencia de México en los mercados internacionales.
La pregunta resulta inevitable: ¿cómo pretende el país competir por más turistas si encarece su entrada sin garantizar recursos para atraerlos?
Quintana Roo, entre los más expuestos
El impacto potencial tiene una dimensión particularmente delicada para Quintana Roo.
El estado alberga algunos de los destinos turísticos más importantes de México y constituye una de las principales puertas de entrada del turismo internacional por vía aérea.
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y otros destinos dependen, en distinta medida, de la llegada de visitantes extranjeros y de la actividad económica que generan.
Los hoteleros advierten que una eventual reducción de turistas no solamente afectaría la ocupación de los hoteles.
También tendría consecuencias para restaurantes, transportistas, pequeños comercios, prestadores de servicios, proveedores y miles de trabajadores cuyos ingresos dependen directa o indirectamente del turismo.
En su carta, los organismos señalan que una caída de visitantes también podría disminuir la recaudación del IVA, ISR e impuesto al hospedaje, por lo que un aumento en la tarifa no necesariamente garantizaría mayores ingresos públicos.
Se trata de un riesgo económico planteado por el sector, aunque su magnitud dependerá de la reacción real de los viajeros y de otros factores que influyen en la demanda turística.
La responsabilidad ahora está en el Senado
La inconformidad empresarial fue dirigida a los senadores Alma Anahí González Hernández, Mayuli Latifa Martínez Simón y Francisco Alejandro Carrillo Flores, representantes de Quintana Roo.
Los organismos no se limitaron a expresar preocupación. Solicitaron que los legisladores fijen una postura pública durante la discusión de la reforma a la Ley Federal de Derechos.
También pidieron gestionar ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo y la Cámara de Diputados la asignación de recursos para promoción internacional dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
Su tercera exigencia consiste en impulsar un mecanismo permanente de promoción turística, con participación pública y privada, transparencia y resultados medibles.
La petición coloca a los representantes del estado ante una decisión que va más allá de respaldar o rechazar un incremento fiscal.
Se trata de definir qué lugar ocupará la competitividad turística de Quintana Roo en la discusión presupuestaria nacional.
Porque una cosa es aprobar mayores ingresos para la Federación y otra muy distinta es garantizar que las decisiones fiscales no debiliten la actividad económica que los genera.
Una advertencia que no debería ignorarse
El posicionamiento del sector turístico llega en un momento en el que la competencia internacional exige algo más que playas, infraestructura hotelera y conectividad aérea.
Los destinos necesitan promoción constante, estrategias para recuperar mercados y capacidad de respuesta ante problemas ambientales, de seguridad, movilidad o reputación.
Quintana Roo enfrenta, además, desafíos propios como el sargazo, las fluctuaciones en la ocupación hotelera y los costos operativos de la actividad turística.
Por eso, el reclamo empresarial apunta a una contradicción de fondo: el turismo es una fuente importante de ingresos para el país, pero los organismos del sector consideran que no recibe una asignación proporcional para sostener su crecimiento.
No significa que todos los recursos del DNR deban destinarse a promoción ni que el incremento vaya a provocar automáticamente una caída de visitantes. El Gobierno Federal tiene otras obligaciones presupuestarias y el impacto económico de la reforma todavía debe evaluarse.
Sin embargo, la ausencia de una partida específica para promoción turística en la distribución descrita por los empresarios merece una explicación pública.
También corresponde a los legisladores aclarar cómo se compensaría el posible efecto del aumento y qué mecanismos permitirían fortalecer la competitividad de los destinos mexicanos.
El costo de guardar silencio
Los empresarios solicitaron una reunión urgente con los senadores para exponer sus planteamientos antes de que avance la discusión legislativa.
La advertencia está hecha y cuenta con el respaldo de organizaciones hoteleras, cámaras empresariales y asociaciones vinculadas con los principales destinos turísticos de Quintana Roo.
Ahora corresponde a los legisladores responder si defenderán una estrategia de promoción turística para el estado o si permitirán que el debate se limite a cuánto más puede cobrarse a los visitantes extranjeros.
Porque el verdadero riesgo no está solamente en aumentar 175 pesos al Derecho de No Residente. Está en considerar al turismo una fuente inagotable de recaudación sin asegurar las condiciones necesarias para que continúe creciendo.
Y si algún día comienzan a llegar menos visitantes, la factura no la pagarán únicamente los grandes hoteles. También podría alcanzar a miles de familias quintanarroenses que viven de esta industria.
Fuente: Carta del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, fechada el 19 de octubre de 2026 y dirigida a los senadores de Quintana Roo. Los montos y porcentajes corresponden a la minuta legislativa descrita por los organismos firmantes.
