Mientras miles de familias enfrentan incertidumbre sobre la propiedad de sus terrenos, siete programas de desarrollo urbano siguen pendientes. Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen concentran casi el 72% de los asentamientos identificados por el Gobierno estatal. La ley obliga a las autoridades a prevenir las ocupaciones irregulares y actuar contra quienes las promuevan.
Chetumal, Quintana Roo.— El crecimiento urbano de Quintana Roo ha dejado una realidad difícil de ignorar: el estado acumula 780 asentamientos humanos irregulares, mientras los instrumentos que deberían orientar la expansión de sus ciudades continúan pendientes de actualización o conclusión.
La cifra fue reconocida por el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando, durante su comparecencia ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.
El diagnóstico, con corte al 31 de agosto de 2026, revela la dimensión de un problema que no solamente involucra la propiedad de la tierra. También plantea interrogantes sobre la vigilancia del crecimiento urbano, la comercialización de lotes sin autorización, la disponibilidad de servicios públicos y la responsabilidad de las instituciones encargadas de aplicar la ley.
Porque detrás de cada asentamiento existen familias que buscan construir un patrimonio, pero también decisiones administrativas, operaciones inmobiliarias y omisiones que deben investigarse.
Tres municipios concentran casi el 72% del problema
De los 780 asentamientos identificados, Benito Juárez encabeza la lista con 282, seguido de Isla Mujeres con 182 y Playa del Carmen con 95.
Entre los tres municipios acumulan 559 asentamientos, equivalentes al 71.7 por ciento del total estatal.
La concentración en el norte de Quintana Roo refleja la presión que el crecimiento poblacional y la actividad económica ejercen sobre el mercado de suelo y vivienda.
Sin embargo, el fenómeno no se limita a los principales destinos turísticos.
En Othón P. Blanco se identificaron 77 asentamientos irregulares; Felipe Carrillo Puerto registra 38; Tulum, 25; Bacalar, 22; José María Morelos, 17; Puerto Morelos, 16; Cozumel, 15, y Lázaro Cárdenas, 11.
Esto significa que ninguno de los 11 municipios de Quintana Roo está fuera del problema.
Siete planes urbanos siguen pendientes
La magnitud del crecimiento irregular contrasta con el avance de los programas de desarrollo urbano que deben establecer dónde, cómo y bajo qué condiciones pueden expandirse las ciudades.
De acuerdo con la información presentada por Sedetus, siete instrumentos de planeación permanecen en elaboración, con fechas de entrega previstas a lo largo de 2027.
El programa de Playa del Carmen reporta un avance técnico del 100 por ciento, pero su entrega está prevista para el primer trimestre de 2027.
El correspondiente al corredor Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix-Xul-Há presenta un avance del 70 por ciento y también está programado para el primer trimestre del próximo año.
Isla Mujeres registra un avance del 90 por ciento, mientras Tulum y Mahahual alcanzan el 70 por ciento, con entregas previstas para el segundo trimestre de 2027.
Benito Juárez presenta un avance del 50 por ciento y Cozumel apenas del 20 por ciento, con fechas proyectadas para el tercer y cuarto trimestre de 2027, respectivamente.
En algunos municipios, la conclusión de estos instrumentos también depende de los programas de ordenamiento ecológico.
La situación plantea una contradicción que merece atención: mientras las ciudades continúan creciendo, una parte de los instrumentos que deben orientar su desarrollo todavía no está terminada.
¿Quién permitió que se multiplicaran?
La existencia de asentamientos irregulares no demuestra automáticamente que las autoridades hayan autorizado su formación ni que todos los terrenos se hayan vendido ilegalmente.
Sin embargo, la legislación estatal establece obligaciones expresas para prevenirlos.
El artículo 127 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo prohíbe los asentamientos humanos irregulares y dispone que las autoridades estatales y municipales deben adoptar medidas para prevenirlos, corregir las ocupaciones ilegales y sancionar a sus responsables.
También contempla la intervención de las autoridades cuando tengan conocimiento de nuevas ocupaciones, construcciones o ventas irregulares.
La pregunta es inevitable: si la ley establece mecanismos de prevención y sanción, ¿qué acciones se han realizado en cada municipio para impedir que estos asentamientos continúen expandiéndose?
Para responder no basta con conocer el número de colonias detectadas.
Es necesario revisar cuántas inspecciones se practicaron, qué desarrollos fueron clausurados, cuántas denuncias se presentaron y qué sanciones efectivamente se aplicaron.
Familias sin certeza jurídica y terrenos comercializados sin autorización
Uno de los principales problemas de los asentamientos irregulares es la incertidumbre sobre la propiedad de los predios.
Las familias pueden haber entregado dinero por terrenos sin contar con escrituras, autorizaciones de subdivisión o documentación suficiente para acreditar plenamente sus derechos.
En otros casos existen ocupaciones antiguas, conflictos de tenencia o procesos de regularización que llevan años sin resolverse.
La falta de certeza jurídica puede dificultar el acceso formal a servicios, créditos y programas de mejoramiento de vivienda.
En Cancún, por ejemplo, se han documentado denuncias de habitantes de asentamientos que llevan años solicitando servicios básicos, mientras las autoridades municipales han clausurado predios donde se ofrecían lotes sin los permisos correspondientes.
Estos casos muestran que el problema tiene distintas dimensiones: la necesidad legítima de vivienda, la actuación de quienes comercializan suelo y la capacidad gubernamental para vigilar el cumplimiento de las normas.
No sería correcto tratar a todas las familias como responsables de una irregularidad. Muchas podrían ser las principales afectadas.
De 370 a 780 asentamientos identificados
En junio de 2026, durante la instalación del Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos, Sedetus informó que tenía identificados preliminarmente 370 asentamientos irregulares.
En aquella ocasión, las autoridades advirtieron que el número podría duplicarse después de una revisión más detallada.
Cuatro meses después, el diagnóstico estatal reporta 780.
La diferencia es de 410 asentamientos adicionales identificados, aunque esto no significa necesariamente que todos hayan surgido durante ese periodo.
El incremento puede responder a una ampliación del levantamiento y de los registros oficiales.
Esta distinción es importante porque permite formular otra pregunta: ¿cuántos de los asentamientos detectados son recientes y cuántos permanecieron durante años fuera de los inventarios gubernamentales?
La regularización no puede sustituir la vigilancia
El Gobierno estatal ha impulsado mecanismos de coordinación para regularizar asentamientos y ofrecer certeza jurídica a sus habitantes.
La regularización puede representar una solución para familias que llevan años viviendo en terrenos cuya situación legal permanece pendiente, siempre que las condiciones jurídicas, urbanas y ambientales lo permitan.
Pero también existe una responsabilidad preventiva.
Si las autoridades solamente intervienen cuando las colonias ya están habitadas, el crecimiento irregular puede continuar reproduciéndose.
La solución requiere identificar oportunamente nuevas lotificaciones, revisar la legalidad de las operaciones inmobiliarias y garantizar alternativas de acceso a vivienda y suelo apto.
También exige evitar que los procesos de regularización se conviertan en incentivos para quienes comercializan terrenos sin autorización.
El desafío para Quintana Roo
La cifra de 780 asentamientos irregulares no es solamente un indicador administrativo.
Representa un desafío para la planeación territorial de Quintana Roo y para la capacidad de sus gobiernos de garantizar un crecimiento urbano ordenado.
La información presentada ante el Congreso confirma que el problema está identificado y que existen programas en preparación.
Lo que todavía necesita conocerse es cuántas familias están afectadas, cuál es la situación jurídica de cada asentamiento, qué riesgos enfrentan sus habitantes y qué responsabilidades pueden establecerse en los casos donde existan ventas u ocupaciones ilegales.
Quintana Roo ya tiene un diagnóstico de 780 asentamientos irregulares. Lo que falta es demostrar que las autoridades cuentan con una estrategia efectiva para impedir que el problema siga creciendo.
Porque planear una ciudad no consiste únicamente en regularizar lo que ya se construyó, sino en evitar que las próximas familias tengan que establecerse sin certeza jurídica, infraestructura adecuada o condiciones seguras para vivir.
