Cancún.- En el PRD también habrá ajuste de cuentas ante los resultados electorales alcanzados en Quintana Roo. El Consejo Estatal del PRD definirá si permanecen en el cargo como presidente estatal, Emiliano Ramos Hernández y en el de secretario general, Gerardo Mora Vallejo.
Este fin de semana, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) determinó que se definirán en esta semana las fechas de la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal; partido que a nivel nacional se mantuvo como la segunda fuerza electoral, mientras que en el estado descendió a la cuarta posición.
El diputado local del PRD, Jorge Aguilar Osorio, optó por una postura constructiva, es decir, que los integrantes del Consejo Estatal definan si permanecerán Ramos Hernández y Mora Vallejo como presidente y secretario general, respectivamente o si, buscan a un nuevo presidente; a diferencia de la postura manifestada la semana anterior por el expresidente municipal, Julián Ricalde Magaña que “sin cortapisas” pidió la renuncia de Ramos Hernández.
Agregó el diputado local que en una reunión ya se les pidió la renuncia a ambos, pero por lo que hasta ahora han manifestado, no tienen intenciones de hacerlo, por lo que será el Consejo Estatal el que defina qué hará el partido.
“Vamos a citar a Consejo, todavía no tenemos fecha, pero será próximo. Se valorará esta situación y si el Consejo aprueba que se queden ellos tendrá que ser mediante un plan de trabajo; y si no, buscaremos quién pueda tomar la batuta del PRD con una nueva dinámica”.
Aguilar Osorio manifestó esta postura al dar a conocer junto con Alejandro Betancourt Pérez, presidente del Colegio de Abogados Postulantes, su inquietud por la falta de capacitación para policías y ministerios públicos así como por la carencia de cajones de estacionamiento, ante la entrada en vigor de los juicios orales en 2016.
Consideró que la falta de capacitación podría generar un incremento en la impunidad, porque no habría ministerios públicos competentes ni cuidado en la “cadena de custodia” que deben seguir los policías, lo que derivaría en que los acusados salgan libremente.
